La cifra oficial de fallecidos en una ola de disturbios que arrasó cuatro penitenciarios en Ecuador subió a 79 el miércoles al tomar la policía el control de las prisiones. El diario ecuatoriano El Comercio informó de que otros 1.500 soldados estaban desplegados en las calles de la capital Quito porque el gobierno teme que haya agitación social.

Ni un solo guardia ni miembro de las fuerzas de seguridad resultó muerto en la violencia de las cárceles, que funcionarios del gobierno y los medios atribuyeron a un enfrentamiento entre miembros de bandas rivales. No se sabe cuántos presos murieron a manos de las fuerzas de seguridad al recuperar estas las instalaciones.

Multitudes de allegados, muchos de ellos llorando, se congregaron fuera de las cárceles en las ciudades de Guayaquil y Cuenca, donde ocurrieron la mayor parte de las muertes, enfrentándose con fuerzas de seguridad.

El presidente derechista ecuatoriano, y apoyado por los EEUU, Lenin Moreno, utilizó su programa de televisión habitual para describir el derramamiento de sangre como una "lucha entre mafias organizadas", negándose a asumir ninguna responsabilidad por las condiciones catastróficas del abarrotado sistema carcelario del país, que ya fuera testigo de disturbios semejantes en mayo de 2019 y agosto de 2020.

Moreno sugirió además, sin la menor prueba, que los simpatizantes de su predecesor y antiguo aliado político, Rafael Correa, estaban tras las revueltas. Afirmando que Correa y quienes lo apoyan habían "contratado criminales" para fomentar la violencia durante la revuelta popular masiva de octubre de 2019 contra las medidas de austeridad del FMI que obligaron al gobierno a huir de la capital, Moreno declaró que "no nos sorprendería que su mano estuviera implicada" en los disturbios del martes en las cárceles.

Los comentarios provocadores se produjeron en el contexto de tensiones políticas por las elecciones presidenciales ecuatorianas, que se dirigen a una segunda vuelta el 11 de abril.

Andrés Arauz, un exministro y director del Banco Central en el gobierno de Correa, que fue candidato por Unión por la Esperanza (UNES), salió primero en la primera vuelta de los comicios el 7 de febrero pero no logró una mayoría absoluta. El partido también obtuvo la bancada más grande en el parlamento del país pero tampoco logró la mayoría.

Según los resultados oficiales, Arauz ganó el 32,72 por ciento de los votos, y Guillermo Lasso, un multimillonario derechista, exejecutivo de la Coca Cola y banquero que se presentó por el partido CREO (Crear Oportunidad), salió segundo con el 19,74 por ciento, y Yaku Pérez del Movimiento Pachakutik se colocó en el tercer lugar con el 19,38 por ciento.

Pérez y su partido indígena denuncian fraude electoral y exigen el recuento de unos cinco millones de votos. Simpatizantes del partido marcharon en Quito el martes para presionar por su demanda. A lo largo del fin de semana, el fiscal general y el auditor de Moreno anunciaron que iban a incautarse de "todo el contenido digital de la base de datos que gestiona el sistema electoral" para investigar las presuntas irregularidades.

Esto desencadenó una crisis constitucional, con el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) insistiendo en que el organismo tenía control independiente sobre el conteo de los votos y advirtió contra que la investigación se volviera un instrumento de "fuerzas políticas que quieran tomar el CNE por asalto" para "promocionar sus intereses en el proceso electoral actual".

Arauz organizó una rueda de prensa en la que denunció la "injerencia grosera de otras instituciones del Estado" en el proceso electoral e insistió en que no podía haber cambios en las fechas de la segunda vuelta de las elecciones. Acusó a Moreno de estar implicado en "maniobras, trucos y manipulaciones" con intención de "prorrogar el término del cargo". Por su parte, Correa, hablando desde el exilio en Bélgica, advirtió contra la amenaza de un "golpe" con el objetivo de impedir que sus simpatizantes ganen la presidencia.

No cabe duda de que Moreno y sus patrocinadores en Washington se oponen vehementemente a que la UNES, el partido de Correa, llegue al poder. El gobierno hizo repetidos intentos para que no se presente a las elecciones y ha intentado sacar un decreto que prohíba el uso de la imagen o de la voz de Correa en la campaña electoral. El año pasado, un tribunal ecuatoriano condenó a Correa por corrupción, condenándolo en ausencia a ocho años de cárcel y una suspensión de 25 años de sus derechos políticos.

Correa gobernó Ecuador durante una década a partir de 2007. Declarándose simpatizante del "socialismo del siglo XXI", fue parte del llamado "giro a la izquierda" o "marea rosa" en América Latina en la que llegaron al poder una serie de gobiernos burgueses que intentaron utilizar el "boom de mercancías" del continente para implementar programas mínimos de asistencia para los pobres, mientras reorientaban los vínculos comerciales hacia los rivales de los EEUU, particularmente China.

La desaceleración de la economía china y la consecuente caída del precio de las mercancías significó la crisis y la inestabilidad política para todos esos regímenes. Ecuador, donde el petróleo representa el 40 por ciento de sus ingresos por exportaciones, fue de los peor azotados.

Correa, cuya política nunca atacó los intereses esenciales de ganancias de la burguesía ecuatoriana o del capital internacional —mantuvo el apoyo leal para la dolarización de la economía del país— ya había empezado a girar abruptamente a la derecha antes de dejar el cargo en 2017, apoyando a su vicepresidente, Lenin Moreno, como su sucesor.

Bajo Moreno, este giro a la derecha se aceleró rápidamente, con el nuevo gobierno subordinándose sin ambages a los intereses del imperialismo estadounidense, expresado de la manera más abierta en la expulsión del editor de WikiLeaks Julian Assange de la embajada ecuatoriana en Londres en abril de 2019. Dos meses después, como parte del posicionamiento de su gobierno cada vez más cerca de Washington, le concedió a los EEUU derecho a una base militar en las Islas Galápagos. En un nuevo gesto de vasallaje hacia la administración Trump, Moreno rompió sus vínculos con China.

Mientras tanto obtuvo una serie de préstamos tanto desde el Fondo Monetario Internacional como del gobierno estadounidense, llevando la deuda externa del país a los $52 mil millones. Estos préstamos fueron condicionados a medidas drásticas de austeridad, la privatización de empresas estatales y el recorte de empleos públicos. Un acuerdo alcanzado con la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EEUU apenas semanas antes de que Trump dejara el cargo fue condicionado a que el gobierno de Moreno excluyera a empresas chinas de las redes ecuatorianas de telecomunicaciones.

Las medidas de austeridad cada vez más draconianas impuestas bajo el acuerdo del FMI desencadenaron levantamientos de masas en octubre de 2019, cuya ferocidad literalmente obligó a Moreno a huir de la capital e ir a la ciudad costera de Guayaquil. Mientras el gobierno estaba siendo obligado a una retirada táctica por la medida más profundamente impopular, el fin de los subsidios al combustible, el movimiento de masas fue contenido solo con la asistencia de la burocracia sindical y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), en la que Yaku Pérez, el candidato indígena en las actuales elecciones, desempeñó un papel principal.

El movimiento de masas de los trabajadores y oprimidos ecuatorianos también ha sufrido el impacto del coronavirus, que ha tenido un efecto particularmente devastador en Ecuador. En abril del año pasado, en la ciudad de Guayaquil se amontonaban literalmente los cadáveres en las calles. La gestión catastrófica de la pandemia solo ha profundizado el odio popular al gobierno.

El principal candidato de la UNES, Arauz, ha hecho campaña con consignas que les preguntaba a los votantes si estaban mejor antes o después de que Moreno asumiera el cargo. Un regreso a la época de ingresos excedentarios por las exportaciones de petróleo, sin embargo, no es una oferta. El PBI ecuatoriano se redujo en un 10 por ciento en 2020, mientras más de 600.000 trabajadores pasaron a engrosar las filas de los parados.

La amarga lección de la presidencia de Correa y la de Moreno es que la lucha contra la desigualdad social, el dominio imperialista y la amenaza de dictadura en Ecuador y por toda América Latina no se puede librar bajo la dirección de ninguna facción de la burguesía nacional, por más pretensiones "izquierdistas" que tenga. Todas ellas están subordinadas a los intereses de ganancia del capital internacional.

La tarea más urgente es forjar una nueva dirección revolucionaria para movilizar a la clase trabajadora en oposición a los sindicatos y las organizaciones políticas que buscan subordinar a los trabajadores a la burguesía y luchar por unir sus luchas con las de los trabajadores de todo el continente americano y del mundo para poner fin al capitalismo.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de febrero de 2021)