Durante décadas, Washington y Tel Aviv han promovido la idea de un programa de armas nucleares iraní como justificación de su implacable hostilidad hacia la República Islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado en repetidas ocasiones: «Irán no puede tener armas nucleares. Así de simple», con el fin de legitimar la guerra de agresión contra Irán. Esta afirmación ha servido anteriormente como pretexto para imponer sanciones, llevar a cabo asesinatos, sabotajes, guerra cibernética, operaciones encubiertas y ataques militares.

Sobre esta base, además, Estados Unidos e Israel han exigido el desmantelamiento de la infraestructura nuclear civil de Irán, la eliminación de su uranio enriquecido y el cierre de sus instalaciones de enriquecimiento.

Esto se disfraza de «no proliferación». Pero su verdadero propósito es la subyugación de un Estado que se niega a aceptar el dominio estadounidense sobre el Oriente Medio, rico en recursos, y la política expansionista de Israel, cuyo objetivo es expulsar a los palestinos y privarlos de sus propiedades.

Los datos objetivos refutan todas las afirmaciones de que Irán estaría supuestamente «a pocas semanas» de poseer armas nucleares, como se ha afirmado año tras año.

La Estimación Nacional de Inteligencia de EE. UU. de 2007 concluyó que Irán detuvo su programa estructurado de diseño de armas en 2003. Sucesivos jefes de inteligencia estadounidenses, incluido el director de la CIA, William Burns, han reiterado que Irán no ha tomado ninguna decisión de fabricar una bomba. Los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), incluido Mohamed ElBaradei, informaron repetidamente de que no había pruebas de un programa de armas activo.

Sin embargo, el discurso político en Occidente ha oscurecido tan profundamente el marco legal que pocos comprenden una verdad básica: en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), Irán tiene pleno derecho a enriquecer uranio con fines civiles —energía e isótopos médicos— bajo las salvaguardias de la AIEA. Trece Estados llevan a cabo públicamente programas de enriquecimiento, entre ellos Argentina, Brasil, Alemania, Japón, los Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Corea del Norte e Irán.

El artículo IV del TNP garantiza explícitamente a los Estados no poseedores de armas nucleares un «derecho inalienable» a la tecnología nuclear con fines pacíficos. Si bien se les prohíbe adquirir armas nucleares, ninguna cláusula permite a los Estados poseedores de armas nucleares exigir la abolición de los programas nucleares civiles sujetos a salvaguardias. Incluso a los Estados que en el pasado realizaron investigaciones relacionadas con las armas —Corea del Sur en la década de 1970, Brasil y Argentina en la de 1980— nunca se les exigió desmantelar su infraestructura civil.

La oposición de Estados Unidos al programa nuclear de Irán no comenzó hasta después de la revolución de 1979, que derrocó al Sha, el antiguo aliado de Washington en el Golfo. Bajo el régimen del Sha, Estados Unidos había apoyado activamente las ambiciones nucleares de Irán, vendiendo a Teherán su primer reactor de investigación en la década de 1960 y posicionando a Westinghouse y General Electric para construir hasta 20 centrales nucleares. El Sha insinuó que Irán podría algún día buscar capacidades más avanzadas si las condiciones regionales lo requerían.

La revolución provocó un cambio radical en las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Cuando el nuevo gobierno expulsó a los asesores estadounidenses, rechazó la alianza con Estados Unidos y apoyó a movimientos hostiles a Israel, Washington respondió con sanciones, aislamiento diplomático y la congelación de activos. Detuvo los envíos de combustible, la asistencia técnica, los contratos de reactores y el acceso al uranio enriquecido. Lo que bajo el régimen del Sha se había considerado un «desarrollo pacífico» pasó a calificarse de «posible proliferación» bajo la República Islámica.

La postura de Israel cambió de manera igualmente drástica. Irán, que había sido un aliado encubierto bajo el Sha, se convirtió —después de 1979— en el principal adversario estratégico de Israel, desafiando su dominio regional y apoyando a grupos armados opuestos al dominio sionista. La inteligencia y la planificación militar de Israel se centraron cada vez más en la trayectoria nuclear de Irán, no por evidencia de armamento, sino porque un Irán soberano y tecnológicamente avanzado amenazaba las ambiciones regionales de Israel, respaldado por su monopolio nuclear.

Ese monopolio es un secreto a voces. Israel posee un programa nuclear militar que no está sujeto a ningún régimen de inspección. Es uno de los pocos Estados fuera del TNP, junto con India, Pakistán, Sudán del Sur y Corea del Norte. Ocho Estados han declarado públicamente poseer arsenales nucleares: Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán y Corea del Norte.

La política de ambigüedad nuclear de Israel —que ni confirma ni niega su arsenal— se ha mantenido durante décadas. Los analistas estiman que Israel posee entre 80 y 200 ojivas nucleares. El tabú se levantó brevemente en 2006, cuando el primer ministro Ehud Olmert, en una entrevista en la televisión alemana, enumeró a «Estados Unidos, Francia, Israel y Rusia» como potencias nucleares. Esto se interpretó ampliamente como una advertencia a Irán.

Días después, el secretario de Defensa designado de EE. UU., Robert Gates, declaró ante el Senado que Irán podría buscar armas nucleares porque estaba «rodeado de potencias nucleares», y nombró a Pakistán, Rusia e Israel. Su comentario fue un raro reconocimiento abierto por parte de un funcionario estadounidense del estatus nuclear de Israel.

El tabú se rompió de nuevo en noviembre de 2023, cuando el ministro de Patrimonio israelí, Amichai Eliyahu, dijo en una entrevista de radio que lanzar una bomba nuclear sobre Gaza era «una opción». El gobierno israelí se apresuró a contener las repercusiones, suspendiéndolo de las reuniones del gabinete.

El programa nuclear de Israel se remonta a la década de 1950, cuando el primer ministro David Ben-Gurión puso en marcha el reactor de Dimona con ayuda francesa, complementada con agua pesada procedente de Noruega y el Reino Unido. Con el recién establecido Estado sionista —fundado por la fuerza de las armas tras la limpieza étnica y el despojo de la mayoría de los palestinos que vivían allí, y rodeado de Estados hostiles—, Ben-Gurión consideraba que las armas nucleares eran la garantía de seguridad definitiva, siempre y cuando ningún otro Estado de la región las poseyera.

A mediados de la década de 1960, Israel había producido plutonio apto para armas y ensamblado un dispositivo nuclear en vísperas de la Guerra de 1967. La administración Kennedy intentó frenar a Israel, insistiendo en las inspecciones, pero tras el asesinato de Kennedy estos esfuerzos fracasaron. En 1968, la CIA informó al presidente Johnson de que Israel había alcanzado la capacidad nuclear; la administración no hizo nada.

El libro de Seymour Hersh, La opción Sansón (1991), ofreció el primer relato detallado de cómo Israel construyó su arsenal mediante el engaño sistemático a sus aliados, mientras que sucesivos gobiernos estadounidenses lo toleraban o lo facilitaban. La «opción Sansón» se refiere a la doctrina israelí de represalia nuclear masiva en caso de una derrota existencial —una amenaza que, según se informa, se invocó durante las primeras etapas de la Guerra de 1973 para garantizar un rápido reabastecimiento por parte de Estados Unidos.

El libro de Avner Cohen, Israel and the Bomb (1998), reveló que el presidente Richard Nixon formalizó el estatus nuclear de Israel en un acuerdo secreto de 1969 con la primera ministra Golda Meir: Estados Unidos no presionaría a Israel para que firmara el TNP ni declarara su arsenal, e Israel no realizaría pruebas ni reconocería públicamente la existencia de armas nucleares. Las agencias de inteligencia occidentales conocían el arsenal de Israel, pero guardaron silencio porque Israel era un aliado regional clave.

Washington ha impedido repetidamente que los Estados árabes plantearan el tema del programa nuclear de Israel ante el OIEA. Incluso después de que se hiciera público el acuerdo entre Nixon y Meir, el presidente estadounidense Barack Obama se negó a confirmar o desmentir el estatus nuclear de Israel.

En 1981, Israel bombardeó la planta nuclear iraquí de Osirak, y una instalación siria en 2007. Ha saboteado las centrales nucleares de Irán y ha asesinado a sus científicos nucleares para asegurar su estatus como única potencia nuclear en el Medio Oriente.

La violación más dramática del secreto de Israel ocurrió en 1986, cuando Mordechai Vanunu, un técnico de Dimona, proporcionó fotografías y detalles técnicos al Sunday Times, revelando un programa mucho más grande y avanzado —incluidas armas termonucleares— de lo que se sabía anteriormente. Agentes del Mossad secuestraron a Vanunu en Roma, lo llevaron de regreso a Israel, y fue juzgado en secreto y encarcelado durante 18 años, gran parte de ellos en régimen de aislamiento. Desde entonces, ha sido arrestado en repetidas ocasiones.

Estados Unidos está tratando a Irán, que no tiene armas nucleares y tiene derecho legal a la tecnología nuclear civil, como una amenaza existencial, mientras protege de cualquier escrutinio a Israel, que posee un arsenal nuclear sofisticado y no declarado fuera de cualquier régimen de inspección.

Teherán ha negado repetidamente que busque armas nucleares y cumplía plenamente con el acuerdo internacional de 2015 sobre el enriquecimiento nuclear. Solo comenzó a enriquecer uranio al 60 por ciento después de que la primera administración de Trump se retirara unilateralmente del acuerdo en 2018, mientras que las potencias europeas que también eran parte del acuerdo no hicieron nada para apoyarlo.

Trump ha declarado, con el lenguaje del mafioso que es, que si Irán no «llega a un acuerdo», Estados Unidos «irá y los arrasará por completo y acabará con ellos para siempre».

Como ha advertido el World Socialist Web Site, «Tales declaraciones definen la lógica de la escalada que se está produciendo: una guerra de aniquilación. Una vez que se toma la decisión de librar una guerra ilegal para dominar los puntos estratégicos, la presión para escalar adquiere un impulso propio».

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de mayo de 2026)