Esta es la tercera parte de una serie de tres. Las partes uno y dos se publican aquí.

El colapso de la Unión Soviética y el nuevo Oriente Medio

La disolución de la Unión Soviética eliminó la última restricción externa al poder estadounidense en Oriente Medio. Sin Moscú, regímenes como los de Irak, Siria y Yemen del Sur ya no podían mantener el equilibrio entre las grandes potencias rivales; Washington emergió como el único árbitro de la región.

Lejos de inaugurar una era de paz, la unipolaridad permitió a Estados Unidos compensar su prolongado declive económico mediante el uso desmedido de la fuerza militar. Durante las tres décadas siguientes, lanzó una serie de intervenciones —Irak, Somalia, Yugoslavia, Irak de nuevo, Libia, Yemen y ahora Irán— que definieron el nuevo orden imperial.

La Guerra del Golfo fue la primera manifestación de este cambio. La invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein en 1990 —llevada a cabo bajo la ilusión de una tolerancia tácita por parte de Estados Unidos— fue aprovechada por la administración Bush para reafirmar la hegemonía estadounidense. La Operación Tormenta del Desierto causó la muerte de más de 100.000 soldados iraquíes y devastó la infraestructura de Irak, mientras Bush prometía devolver al país a la era preindustrial.

Para preservar la coalición árabe, Washington obligó a Israel a mantenerse al margen, incluso reteniendo los códigos de identificación amigo-enemigo para evitar represalias contra los misiles Scud iraquíes. Sin embargo, Estados Unidos no llegó a provocar un cambio de régimen, temiendo que una victoria kurda o chií desestabilizara Turquía. En cambio, impuso una década de sanciones y zonas de exclusión aérea que devastaron la sociedad iraquí, a la vez que debilitaban a Hussein.

Como advirtió el Comité Internacional en su llamamiento de 1991 a una Conferencia Mundial contra la Guerra Imperialista y el Colonialismo, el colapso de la URSS y la Guerra del Golfo no supusieron el triunfo del capitalismo liberal, sino el fin del orden de la posguerra y el comienzo de una nueva era de guerra y recolonización.

Bush proclamó un “Nuevo Orden en Oriente Medio basado en una presencia militar estadounidense permanente en el Golfo, la no proliferación nuclear y un acuerdo árabe-israelí fundamentado en el principio de “tierra por paz”.

Washington obligó a Israel a asistir a la Conferencia de Madrid de 1991, reteniendo 11.000 millones de dólares en garantías de préstamos y exigiendo el cese de la expansión de los asentamientos, al tiempo que excluía a la Organización para la Liberación de Palestina de la delegación conjunta jordano-palestina e impulsaba a la ONU a revocar su resolución de 1975 que declaraba que “el sionismo es racismo”.

Madrid no logró un acuerdo, pero allanó el camino para los Acuerdos de Oslo de 1993: el marco político mediante el cual Estados Unidos buscó estabilizar su dominio y gestionar la cuestión palestina a través de una Autoridad Palestina (AP) fragmentada y dependiente, bajo el control del movimiento Fatah de Yasser Arafat, la facción dominante en la OLP.

Los Acuerdos de Oslo: pacificando la cuestión palestina

Los Acuerdos de Oslo sirvieron al imperialismo estadounidense como un mecanismo temporal para gestionar, no resolver, la cuestión palestina, que históricamente ha sido la fuerza movilizadora más poderosa del sentimiento antiimperialista en todo el mundo árabe y, cada vez más, a nivel global. Cada masacre, asedio, expansión de asentamientos, abuso y maltrato genera una indignación masiva que amenaza con desestabilizar a los regímenes aliados de Washington. La solución, desde la perspectiva de Washington, fue una operación de contención, al tiempo que impulsaba otros objetivos imperialistas.

Desde la perspectiva estadounidense, el logro fundamental de Oslo fue transformar a la OLP, de un movimiento armado de liberación nacional, en un aparato de seguridad subcontratado. Arafat, a cambio de la ficción de un futuro Estado, accedió a reconocer a Israel, renunciar a la lucha armada y —fundamentalmente— garantizar la seguridad israelí. La Autoridad Palestina que surgió no era un Estado embrionario, sino una fuerza policial que reprimía la resistencia palestina en nombre de Israel, al tiempo que enriquecía a una pequeña capa de la burguesía palestina mediante la “ayuda al desarrollo”. Oslo sirvió para someter a los movimientos nacionalistas árabes más radicales y ponerlos al servicio de la ocupación que se había comprometido a erradicar.

Oslo también estuvo impulsado por la necesidad del capital israelí de romper con la autarquía nacional e integrarse en la economía global de Oriente Medio. El líder laborista Shimon Peres expresó el objetivo con brutal franqueza en 1992: “No queremos una paz entre naciones. Queremos una paz entre mercados”.

Un miniestado palestino —no contiguo, económicamente dependiente y proveedor de mano de obra barata subcontratada— fue el precio de esa integración en los mercados árabes y de la Unión Europea. Los trabajadores palestinos serían excluidos de Israel y reemplazados por inmigrantes asiáticos aún más baratos e indefensos, mientras que los consumidores y el territorio palestinos constituirían un mercado cautivo. Esto era economía colonial disfrazada de discurso de paz.

Para Washington, los Acuerdos de Oslo cumplieron otro propósito diplomático vital: proporcionar a los regímenes burgueses árabes una cobertura política para su colaboración con el imperialismo estadounidense. Las clases dirigentes árabes de Egipto, Jordania y Arabia Saudita podían usar el 'proceso de paz' como prueba de que Washington no era simplemente un partidario incondicional del expansionismo israelí, lo que facilitaba justificar su propia normalización de relaciones con Israel y su alineación con los objetivos estratégicos de Estados Unidos.

De igual modo, el propósito principal del sucesor vacío de Oslo, la Hoja de Ruta de 2003, fue encubrir la Guerra de Irak y permitir que los regímenes árabes justificaran ante sus poblaciones su aquiescencia a la invasión.

Esta “paz” era estructuralmente incapaz de lograr la autodeterminación palestina o aliviar las miserables condiciones de vida de los palestinos. No estaba diseñada para ello. Israel continuó expandiendo los asentamientos durante la década de 1990, incluso más que en los 26 años anteriores. Se apoderó del agua y otros recursos, construyó carreteras de circunvalación e instaló más de 600 puestos de control que paralizaron la movilidad y la vida económica palestinas. Los Acuerdos de Oslo brindaron la cobertura diplomática para este despojo y empobrecimiento. La Autoridad Palestina se convirtió en sinónimo de corrupción y colaboración. La Segunda Intifada, que estalló en septiembre de 2000, fue el veredicto del pueblo palestino sobre los Acuerdos. Cuando las conversaciones de Camp David fracasaron en 2000 y comenzó la Intifada, la función de Oslo se había agotado. La pacificación controlada fue reemplazada por la doctrina posterior al 11-S de remodelar todo Oriente Medio por la fuerza, incluyendo la autorización para una mayor violencia contra los palestinos.

La “guerra contra el terror” e Israel

Tras el 11-S, George W. Bush utilizó la “guerra contra el terror” para normalizar la guerra preventiva y el cambio de régimen, comenzando con Afganistán e Irak. Esto significó la declaración de que el uso ilimitado de la fuerza militar se convertiría en el instrumento habitual de la política exterior estadounidense. Israel, naturalmente, acogió con beneplácito este cambio.

Apenas un mes después de la invasión de Afganistán, Bush presentó el “eje del mal”: Corea del Norte, Irán e Irak, los dos últimos estados productores de petróleo que resistieron la hegemonía estadounidense y apoyaron a los palestinos. La lista pronto se amplió a Cuba, Libia y Siria. Estados Unidos reivindicó entonces el derecho a atacar a cualquier estado que obstaculizara su dominio global.

Israel actuó con rapidez para integrar su propio conflicto en este nuevo marco. Insistió en que Estados Unidos e Israel libraban la misma guerra, reinterpretando la resistencia palestina como parte de la amenaza yihadista global. El 11 de septiembre, Netanyahu declaró que los atentados generarían una simpatía inmediata hacia Israel, mientras que funcionarios israelíes equipararon a Hamás, el grupo clerical burgués afiliado a los Hermanos Musulmanes, a todos los grupos armados palestinos y a Hezbolá en el Líbano con Al Qaeda. Esta maniobra ideológica alineó la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos con la postura de Israel durante la Segunda Intifada.

Ariel Sharon, por entonces primer ministro de Israel, se convirtió en uno de los más fervientes defensores internacionales de la ofensiva estadounidense en Irak, a pesar de la devastación que sufría Irak tras una década de sanciones y la destrucción del reactor de Osirak por parte de Israel en 1981. Contribuyó a forjar un consenso a favor de la guerra dentro de Israel, que contrastaba fuertemente con la oposición generalizada en Europa y Norteamérica.

Israel no se unió formalmente a la invasión de 2003, pero proporcionó inteligencia, logística y apoyo político. Los métodos de interrogatorio y tortura estadounidenses empleados en Irak —incluido Abu Ghraib— se basaron directamente en precedentes israelíes. Al igual que en 1991, Washington excluyó a Israel de la “Coalición de los Dispuestos” para evitar incomodar a sus aliados árabes, quienes denunciaban públicamente la guerra, pero en privado proporcionaban bases, derechos de sobrevuelo y cooperación en la contrainsurgencia.

La integración entre Estados Unidos e Israel se profundizó en todos los ámbitos de seguridad principales: contraterrorismo, seguridad nacional, guerra urbana, operaciones cibernéticas, coordinación de inteligencia contra Irán en el Líbano, Siria e Irak, integración regional de la defensa antimisiles y explotación conjunta del gas del Mediterráneo oriental. Tras el 11-S, Israel quedó estructuralmente integrado en la arquitectura de seguridad estadounidense, convirtiéndose en la base de operaciones y el brazo de ataque para el inminente enfrentamiento con Irán.

La función de la represión israelí contra los palestinos para el imperialismo estadounidense

Tras el 11-S, la doctrina de la administración Bush de remodelar Oriente Medio por la fuerza —y la aquiescencia de los regímenes árabes a las guerras estadounidenses en Afganistán e Irak— permitió a Israel abandonar la ficción de las 'negociaciones' de Oslo y sustituirla por un militarismo abierto: asedios, asesinatos, toques de queda y operaciones de cambio de régimen destinadas a aplastar la resistencia palestina de una vez por todas.

Bush señaló este cambio de inmediato. En marzo de 2001, le dijo a Sharon que no intentaría “imponer la paz”, lo que en la práctica le dio a Israel vía libre. Sharon respondió con los primeros ataques aéreos contra objetivos de la Autoridad Palestina desde 1967 y una oleada de incursiones en Cisjordania. Cuando Sharon repudió formalmente los Acuerdos de Oslo en diciembre de 2001, los regímenes árabes emitieron protestas simbólicas, pero no tomaron ninguna medida.

En 2002, Washington nombró a Mahmoud Abbas como Primer Ministro palestino en el marco de la “Hoja de Ruta para la Paz”, con el fin de marginar a Arafat y crear un liderazgo palestino dispuesto a actuar como ejecutor de Washington. La Hoja de Ruta sirvió de tapadera diplomática para el apoyo árabe a la inminente guerra de Irak.

En 2004, Bush emitió garantías por escrito a Sharon que marcaron un cambio histórico en la política estadounidense: reconoció que los principales bloques de asentamientos seguirían formando parte de Israel, rechazó el derecho al retorno y afirmó el derecho de Israel a actuar “por sí mismo” incluso en las zonas de las que se había retirado. Con estas garantías, Sharon llevó a cabo la “retirada” unilateral de Gaza, que no representó un paso hacia la paz, sino una medida para reducir el costo de la ocupación y congelar las negociaciones sobre refugiados, fronteras y Jerusalén.

Cuando Hamás ganó las elecciones palestinas de 2006, Estados Unidos se negó a aceptar el resultado. Organizó un plan de 1270 millones de dólares para armar al líder de Fatah, Mohammed Dahlan, con el fin de derrocar al gobierno electo. Cuando Hamás se adelantó al golpe y tomó el control de Gaza, Washington respaldó el bloqueo israelí —que interrumpió el suministro de alimentos, medicinas, electricidad y agua— con la participación activa de Egipto.

Estados Unidos apoyó plenamente la ofensiva israelí contra Gaza en 2008-2009, considerando la destrucción de Hamás como parte de su proyecto más amplio para construir un “Nuevo Oriente Medio” y debilitar a Irán y Siria. Egipto, Arabia Saudita y la Autoridad Palestina fueron cómplices directos, aterrorizados de que la victoria electoral de Hamás demostrara que un movimiento de resistencia popular podía desafiar su propio gobierno.

Durante la administración Obama, la ayuda militar estadounidense ascendió a US$3.800 millones anuales, con una mayor cooperación en defensa antimisiles y una importante financiación para el sistema Cúpula de Hierro. Trump fue más allá: recortó toda la financiación a las instituciones palestinas, reconoció a Jerusalén como capital de Israel, respaldó la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y orquestó en 2020 los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones de Israel con los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Baréin, Sudán y Marruecos.

Esto formalizó lo que durante mucho tiempo había sido un secreto a voces: la extensa cooperación comercial, de inteligencia y militar encubierta entre los Estados del Golfo e Israel, ahora legitimada al servicio del régimen de sanciones de 'máxima presión' de Washington contra Irán. Acabó incluso con la pretensión de que los regímenes árabes condicionaran sus relaciones con Israel a los derechos palestinos. Consolidó un eje antiiraní liderado por Estados Unidos y alineó a los Estados del Golfo con la confrontación más amplia de Washington con China.

Ninguno de los signatarios intentó anular los Acuerdos tras el ataque israelí a Gaza en 2023. Jordania, Egipto y los Estados del Golfo garantizaron que el suministro de energía a Israel continuara sin interrupciones.

Cuando comenzó el genocidio de octubre de 2023, el despliegue inmediato de buques de guerra en el Mediterráneo oriental por parte de la administración Biden dejó claro que se trataba de una ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel. Washington proporcionó inteligencia, logística y un paquete de armas de emergencia por valor de US$14.300 millones, al tiempo que utilizaba su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear las resoluciones de alto el fuego. Gaza se convirtió en un laboratorio táctico para la doctrina militar estadounidense-israelí: guerra urbana, vigilancia, operaciones con drones y sistemas de defensa antimisiles puestos a prueba en tiempo real.

Cada ataque israelí —en Gaza o Cisjordania— servía a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Israel tenía vía libre porque cada operación impulsaba el proyecto más amplio de reconfigurar Oriente Medio bajo la hegemonía estadounidense. La guerra genocida de 2023 dejó claro a Irán, China y Rusia que Estados Unidos no tenía límites y que toleraría matanzas masivas para imponer su dominio.

Pero esta siempre fue una relación de interdependencia. Israel necesitaba la financiación y la protección de Estados Unidos para sobrevivir; Estados Unidos necesitaba a Israel como su ejecutor indispensable, subcontratista y brazo ejecutor regional. Lo que los unía era el interés de clase compartido entre el imperialismo estadounidense y su aliado regional: aplastar cualquier desafío —ya fuera palestino, nacionalista árabe, iraní o de la clase trabajadora— a su dominio de la región más estratégica y rica en petróleo del planeta.

Las guerras contra el Líbano para debilitar la red regional de Irán

En 2006, Israel lanzó una ofensiva de 34 días contra el Líbano con el objetivo explícito de eliminar a Hezbolá, aliado de Irán, como fuerza militar y política. Fue un componente cuidadosamente planificado de la estrategia estadounidense para la reestructuración regional, que el WSWS describió como “una continuación y escalada de la reestructuración geopolítica imperialista de Oriente Medio y Asia Central que comenzó con las invasiones de Afganistán e Irak”. El objetivo militar inmediato —aplastar a Hezbolá— fue el preludio para enfrentarse a Siria y, en última instancia, a Irán. Estados Unidos bloqueó activamente los esfuerzos de alto el fuego, retrasando deliberadamente la visita de Condoleezza Rice para dar a Israel el máximo tiempo posible para la destrucción.

La guerra devastó el Líbano y desplazó a más de un millón de personas, pero no logró sus objetivos estratégicos. Hezbolá sobrevivió, movilizó un amplio apoyo popular y forzó un alto el fuego. Sin embargo, la guerra aceleró el desarrollo de sistemas de defensa antimisiles que se convirtieron en un elemento central de la cooperación militar entre Estados Unidos e Israel.

Israel persistió en sus esfuerzos por eliminar a Hezbolá. A lo largo de la década de 2010, llevó a cabo miles de ataques aéreos en Siria contra las fuerzas respaldadas por Irán y las líneas de suministro de Hezbolá, actuando como la fuerza aérea de Washington contra el eje de la resistencia iraní. En 2024, Israel retomó la tarea con mucha mayor ferocidad: una campaña sistemática de asesinatos de toda la cúpula de Hezbolá, que culminó con el asesinato de su líder, Hassan Nasrallah, el 28 de septiembre de 2024.

Unas 85 bombas —la mayoría de 900 kilos, de fabricación estadounidense, diseñadas para destruir búnkeres— fueron lanzadas sobre el centro de Beirut. Netanyahu ordenó el ataque desde Nueva York, un día después de pronunciar un discurso ante la Asamblea General de la ONU en el que presentó explícitamente la campaña israelí como la construcción de un “nuevo Oriente Medio” alineado con los intereses estratégicos de Estados Unidos, en contra de Irán, Siria, Irak y Líbano. El WSWS escribió que esto no era unilateralismo israelí, sino una operación del imperialismo estadounidense: “El gobierno de Netanyahu, financiado y armado por Estados Unidos, no es un actor independiente, sino que actúa como representante de Estados Unidos”.

En marzo de este año, Israel volvió a atacar Líbano como parte de la confrontación más amplia de Estados Unidos con Irán, empleando las mismas tácticas utilizadas en Gaza —desplazamiento masivo y bombardeos aéreos—, con el objetivo de empujar a Hezbolá al norte del río Litani. El objetivo general de Estados Unidos sigue siendo el mismo: reconfigurar el equilibrio de poder regional. Mientras tanto, el liderazgo israelí está utilizando el conflicto para perseguir sus ambiciones territoriales y consolidar un Gran Israel.

Vigilancia de la región: Siria y el “Eje de la Resistencia”

Israel no solo ha llevado a cabo operaciones directamente contra Irán, sino que ha funcionado como la fuerza de ataque avanzada de Washington contra todo el “eje de la resistencia” que Estados Unidos busca destruir. Durante la campaña de Estados Unidos, los países del Golfo y Turquía para derrocar al gobierno sirio, Israel lanzó cientos de ataques aéreos contra instalaciones militares, aeródromos, depósitos de armas y bases y convoyes de Irán y Hezbolá, la fuerza externa decisiva en Siria desde 2013.

Actuó como apoyo aéreo para las milicias de la oposición respaldadas por Estados Unidos, al tiempo que proporcionaba ayuda médica y logística a grupos islamistas armados en los Altos del Golán. Estas operaciones se coordinaron con las fuerzas estadounidenses en el este y el norte de Siria, que compartían información de inteligencia con Israel.

El objetivo era claro: impedir que Irán consolidara su posición en Siria como contrapeso al dominio regional de Estados Unidos. Israel también destruyó el supuesto reactor nuclear sirio de al-Kibar en 2007, una operación que la administración Bush no estaba dispuesta a llevar a cabo, pero que autorizó a Israel a realizar, preservando así el monopolio nuclear estadounidense-israelí. Washington utilizó inmediatamente el ataque como advertencia a Teherán: esto es lo que les espera a sus instalaciones nucleares.

La guerra entre Israel y Hezbolá de 2023-2024 transformó el campo de batalla sirio. Hezbolá se vio obligado a desviar combatientes, comandantes y logística al frente sur del Líbano. Su reducida presencia creó un vacío temporal en el noroeste de Siria justo cuando Hayat Tahrir al-Sham (HTS), el grupo militante islamista sunita y escisión de al-Nusra, consolidaba su control sobre Idlib.

Con Hezbolá neutralizado y los actores regionales centrados en evitar una confrontación más amplia entre Israel e Irán, HTS se enfrentó a menos restricciones. Este cambio indirecto pero decisivo ayudó a HTS a afianzar su control y contribuyó al colapso del régimen sirio en diciembre de 2024.

Tras la toma de Damasco por parte de HTS, Israel continuó con su objetivo de larga data de debilitar y fragmentar Siria. Apoyó a grupos minoritarios contra un Estado centralizado —los drusos en el suroeste y los kurdos en el noreste— hasta que Washington lo obligó a retirar su apoyo a las fuerzas kurdas durante la ofensiva del ejército sirio para reintegrar la región autónoma.

Irán y la creciente alianza de seguridad entre Estados Unidos e Israel

La invasión de Irak liderada por Estados Unidos —cuya consecuencia no intencionada fue expandir la influencia regional de Irán— convirtió a Irán en el foco de la estrategia estadounidense. Este cambio aceleró la integración de Israel en el sistema militar-de seguridad estadounidense e impulsó a Irán a estrechar lazos con China, ahora principal rival global de Washington.

Una vez que Irán fue incluido en el “eje del mal”, Washington impulsó una serie de sanciones de la ONU contra su programa nuclear, a pesar de la falta de pruebas de que hubiera violado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). Obama intensificó esta presión en 2012 al poner en el punto de mira al sector energético y al banco central de Irán, amenazando con excluir del sistema financiero dominado por Estados Unidos a cualquier Estado que comprara petróleo iraní.

Trump intensificó la confrontación: rompió el acuerdo nuclear de 2015, reimpuso sanciones generalizadas, designó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista y ordenó el asesinato de Qasem Soleimani en 2020.

Paralelamente a estas medidas manifiestas, Estados Unidos e Israel libraron una larga “guerra encubierta” para debilitar la capacidad nuclear y militar de Irán: el ciberataque Stuxnet contra Natanz; asesinatos de científicos y oficiales del CGRI; sabotaje de infraestructura militar y energética; y ataques contra buques iraníes. Esta fue una campaña conjunta de contención militar, tecnológica y económica, que consolidó el papel de Israel como principal ejecutor de Washington.

La alineación se hizo explícita en 2024, cuando el ataque israelí contra el consulado iraní en Damasco desencadenó una represalia directa por parte de Irán. Estados Unidos se movilizó de inmediato: el CENTCOM formó una coalición multinacional de defensa aérea, con el Reino Unido, Francia, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos proporcionando inteligencia, espacio aéreo y apoyo logístico. La defensa de Israel pasó a operar dentro de un sistema de seguridad regional centrado en Estados Unidos.

Esto quedó patente en junio de 2025, cuando Israel atacó las instalaciones nucleares de Irán durante las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos defendió a Israel, interceptó misiles iraníes, proporcionó inteligencia y apoyo logístico, y finalmente llevó a cabo ataques directos contra los emplazamientos nucleares subterráneos de Irán, objetivos que superaban las capacidades de Israel. Irán respondió atacando una base estadounidense en Qatar, tras lo cual Washington impuso un alto el fuego. Los estados del Golfo volvieron a proporcionar bases, inteligencia y espacio aéreo; las potencias de la OTAN ofrecieron apoyo político y logístico. El canciller alemán Friedrich Merz captó la esencia de la operación: Israel estaba haciendo el trabajo sucio de Occidente.

El conflicto actual, lanzado conjuntamente por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, es la máxima expresión de esta integración. Todos los estados del Golfo, excepto Omán, han abierto sus bases, redes de inteligencia y espacio aéreo a Washington; los estados de la OTAN han brindado apoyo político y militar indirecto.

En conjunto, estos acontecimientos demuestran cómo Israel actúa como agente de Washington dentro de una arquitectura de seguridad regional dirigida por Estados Unidos. Este último determina la escala, la duración, la coalición y el marco político de las operaciones, y ordena los altos el fuego. Israel ni siquiera participa en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que determinarán los términos de cualquier acuerdo.

Esto deja claro que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no es producto de intrigas ni de redes de presión israelíes, sino de la crisis del orden imperial global. Reducir una confrontación de alcance mundial a las maniobras de un Estado de diez millones de habitantes es confundir la apariencia con la sustancia. La fuerza motriz es la lógica estratégica del imperialismo estadounidense, que busca desesperadamente reafirmar su control sobre la energía, las materias primas, las rutas de inversión, los corredores comerciales y los puntos estratégicos geopolíticos, mientras su dominio se erosiona en todos los frentes excepto en el militar.

Israel actúa dentro de esta estructura como un socio menor cuyas acciones refuerzan los objetivos de Washington, no como un titiritero capaz de dirigir a la mayor potencia militar y financiera del mundo hacia la guerra.

Conclusión

El Imperialismo, la Etapa Superior del Capitalismo de Lenin, sigue siendo el marco indispensable para comprender la crisis mundial actual. El imperialismo no es simplemente agresión colonial o intimidación de las grandes potencias; Se trata de una etapa específica del desarrollo capitalista definida por el monopolio, el capital financiero, la exportación de capital, los cárteles internacionales y la división del mundo entre las grandes potencias; una división que solo puede modificarse mediante una redistribución violenta. No es una opción política, sino la lógica estructural del capitalismo una vez que supera los límites del Estado-nación.

Lenin escribió que el cambiante poder económico, financiero y militar de los Estados capitalistas en competencia desestabiliza constantemente cualquier “equilibrio” imperialista. El ascenso de Alemania rompió el equilibrio de principios del siglo XX; el ascenso de China tras el colapso de la Unión Soviética ha desempeñado el mismo papel en el siglo XXI. El impulso hacia la guerra emana de esta contradicción objetiva, no de las decisiones de líderes individuales.

Lenin también insistió en que el imperialismo produce “reacción en todos los niveles” a nivel interno. El capitalismo monopolista requiere represión, censura y la restricción de los derechos democráticos. Las enormes sumas de dinero canalizadas a Israel — US$158.000 millones desde 1948, 3.800 millones de dólares anuales en la actualidad, más los suplementos de emergencia— representan una transferencia directa de las necesidades sociales al militarismo y la industria armamentística.

La represión de las protestas propalestinas en los campus universitarios estadounidenses, la criminalización de la disidencia, la prohibición de grupos estudiantiles y las amenazas de deportación en Alemania forman parte del mismo proceso: utilizar el conflicto israelí-palestino para justificar la expansión del aparato represivo contra una clase trabajadora que lucha por salarios y condiciones laborales.

El análisis de Lenin se basaba en el reconocimiento de que el capitalismo había entrado en una época de crisis y decadencia sistémicas, en la que la transformación socialista de la sociedad se había convertido en una necesidad objetiva. De este análisis se desprende la conclusión estratégica: ningún llamamiento al Estado capitalista, ninguna invocación del “orden internacional basado en normas” ni ninguna campaña para reformar la política exterior estadounidense reduciendo la influencia israelí pueden detener el descenso hacia la guerra mundial. Las manifestaciones masivas de 2003 no detuvieron la invasión de Irak; la indignación mundial contra el genocidio de Gaza tampoco; ni los llamamientos a la Corte Internacional de Justicia ni a la Corte Penal Internacional. El imperialismo no puede ser presionado para alcanzar la paz.

Lo que se requiere es la construcción de un movimiento internacional de la clase trabajadora, armado con un programa socialista e internacionalista, dirigido contra el sistema capitalista, causa fundamental de la guerra imperialista, y liderado por el partido revolucionario de la Cuarta Internacional. Solo la movilización independiente de la clase trabajadora a escala mundial puede poner fin a la barbarie que se está desarrollando y abrir el camino a una reorganización socialista de la sociedad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 2 de junio de 2026)