En la noche del viernes, el presidente Donald Trump anunció en sus redes sociales que el Comando Sur de Estados Unidos había ejecutado un 'letal ataque cinético' que mató a Héctor Guerrero Flores —conocido como 'Niño Guerrero' o 'El Innombrable'—, el presunto líder de la organización criminal venezolana Tren de Aragua.

La ejecución extrajudicial fue realizada 'por orden mía', escribió Trump, adjuntando un video de diez segundos que muestra el bombardeo de una estructura desde el aire. La operación, dijo, había sido coordinada con las autoridades venezolanas.

En diciembre, Guerrero había sido procesado por un gran jurado federal en Nueva York bajo cargos de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos. Nunca fue arrestado, nunca fue procesado en un tribunal venezolano y nunca fue sometido a juicio.

La operación, de hecho, llevaba días en marcha antes del anuncio de Trump. El martes, helicópteros militares venezolanos ya realizaban ataques sobre el territorio de minas de oro del estado Bolívar, controlado por el Tren de Aragua.

Vecinos de la zona filmaron aeronaves sobrevolando el área, disparando ráfagas o dejando a tropas en tierra. Cientos de hombres —mineros informales— fueron vistos huyendo de las minas a cielo abierto presuntamente controladas por organizaciones criminales.

'Se escuchaban bombas y disparos en la selva', declaró a Reuters un vecino de Las Claritas. 'Hay minas en esas zonas. Esto está mal; uno no puede salir'.

La organización de derechos humanos Provea emitió una advertencia: 'El Ejército venezolano despliega un operativo masivo en Las Cristinas y en el Km 88 del estado Bolívar. Alertamos sobre el riesgo de ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias contra la población civil de la zona”.

Los hombres que huyeron por el barro de esa selva no eran jefes del cartel. Eran mineros informales —trabajadores, por más que las estructuras criminales se entrelacen con la minería informal en el Arco Minero del Orinoco venezolano, un vasto territorio cercano a las fronteras con Guyana y Brasil.

Cabe señalar que el Tren de Aragua no tiene una participación a gran escala en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, según InSight Crime. Mientras tanto, la minería de oro informal y el narcotráfico local, así como la violencia derivada del conflicto entre las organizaciones criminales y el Estado, han sido alimentados por la desesperación económica que produjeron deliberadamente décadas de sanciones estadounidenses.

El asesinato de Guerrero constituye una dramática escalada, ahora tierra adentro, de la campaña de asesinatos extrajudiciales que la administración Trump lleva adelante desde septiembre en el Caribe y el Pacífico oriental. Al menos 210 pescadores han sido asesinados hasta el momento en ataques militares estadounidenses contra embarcaciones pequeñas, acusados de narcotráfico sin pruebas, sin identificación, sin cargos formales y sin juicio.

El mismo patrón se ha aplicado contra presuntos líderes de cárteles en México, presuntamente con participación de la CIA, según ha informado CNN.

Seis meses después de que fuerzas especiales estadounidenses secuestraran al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, trasladándolos a Estados Unidos para enfrentar un juicio amañado en Nueva York, el gobierno chavista encabezado por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, opera conjuntamente con el ejército estadounidense para ejecutar a venezolanos acusados en tribunales de Estados Unidos.

Ahora, el territorio que los militares intentan despejar será tomado por un cartel criminal distinto: las corporaciones mineras estadounidenses y canadienses, con largos historiales de corrupción, destrucción ambiental y represión violenta.

Rodríguez y la legislatura controlada por el chavismo aprobaron en abril una nueva ley minera diseñada para atraer inversión extranjera, y el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, confirmó en Caracas que el gobierno venezolano había comprometido garantías de seguridad para las empresas entrantes. La minera canadiense Crystallex ya había buscado desarrollar el proyecto aurífero de Las Cristinas hasta que Hugo Chávez lo nacionalizó en 2008.

Los cárteles escondidos en la selva están siendo reemplazados por gánsteres en las salas de juntas de Wall Street, que administrarán las concesiones, extraerán el oro y remitirán las ganancias al exterior, mientras los mineros informales son expulsados de los yacimientos que han trabajado durante años.

Esta es la lógica más amplia de lo que se ha desplegado desde el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses secuestraron a Maduro. La administración Trump se ha apoderado del control efectivo de las exportaciones petroleras venezolanas. Casi 100 millones de barriles de petróleo, valorados en unos 8.000 millones de dólares, han circulado a través de un sistema que Washington controla sin rendición pública de cuentas sobre ventas, ingresos o gastos.

El mismo mecanismo opaco se ha extendido al oro y a otras exportaciones minerales. El gobierno de la presidenta en funciones Rodríguez somete solicitudes presupuestarias mensuales para aprobación estadounidense, mientras Washington y comerciantes privados administran las ventas, las auditorías y los desembolsos. Rodríguez también ha renovado vínculos con el FMI, con la esperanza de obtener acceso a miles de millones en créditos.

El objetivo principal de Trump fue explícito: expulsar la influencia económica y política china y rusa, y obtener control irrestricto sobre las mayores reservas petroleras probadas del mundo: un botín que el imperialismo estadounidense y británico codician desde que la Standard Oil y Shell se repartieron Venezuela en la década de 1920.

Casi de la noche a la mañana, el estatus político del país ha retrocedido décadas. El escritor Eduardo Galeano citó a un empresario estadounidense en Caracas bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en los años cincuenta: 'Aquí usted tiene la libertad de hacer con su dinero lo que le plazca; para mí, esa libertad vale más que todas las libertades políticas y civiles juntas'.

Galeano agregó: 'Venezuela era un vasto pozo petrolero rodeado de cárceles y cámaras de tortura, que importa todo desde Estados Unidos: automóviles y refrigeradores, leche condensada, huevos, lechuga, leyes y decretos'.

Esta semana, una vecina del popular sector de Petare, al este de Caracas, declaró a El País: 'Los gringos hacen lo que les da la gana y aquí nadie dice nada. Las cosas dizque iban a mejorar, y ese dólar está peor que nunca. Yo lo que creo es que esos tipos se quieren llevar el petróleo'.

Roberto Tovar, fontanero de Chapellín, fue igual de directo: 'Llegaron los gringos y comenzaron las promesas de que las cosas iban a mejorar. Esto no mejora, empeora cada día. Hasta he pensado en volver a emigrar'.

El economista venezolano Ricardo Hausmann, comentando sobre cómo Washington administra los ingresos petroleros del país, señaló: 'La producción petrolera aumenta, pero la moneda se sigue depreciando cada día y la inflación se acelera. No está entrando mucho dinero realmente a Caracas'.

No podría ser de otra manera. La atracción de capital hacia Venezuela —ya sea de bonistas de Wall Street que calculan cuándo el petróleo pagará sus bonos en cesación de pagos, o de mineras canadienses con la mira puesta en Las Cristinas— descansa sobre una condición fundamental: el mantenimiento de la pobreza masiva.

Venezuela debe venderse como fuente de mano de obra barata y recursos baratos. Eso exige mantener los salarios en su nivel actual —un salario mínimo de 0,27 dólares mensuales—, reprimir cualquier resistencia organizada de la clase obrera, y garantizar que los ingresos petroleros fluyan hacia los acreedores y no hacia los salarios o los servicios públicos. Los disparos y bombardeos contra trabajadores informales no son un efecto colateral lamentable de este arreglo. Son su requisito.

Esto es lo que el general de división Smedley Butler escribió en 1935 sobre sus 33 años de servicio militar estadounidense: 'Pasé la mayor parte de mi tiempo como un matón de alta categoría al servicio de las grandes empresas, de Wall Street y los banqueros... Mirando hacia atrás, podría haberle dado a Al Capone algunas lecciones.' Al Capone nunca recibió esas lecciones, pero Trump, a través de su Corolario a la Doctrina Monroe, opera ahora ese mismo negocio criminal a escala global, con mayor gansterismo y municiones de precisión guiada.

Las condiciones que se imponen hoy recuerdan precisamente aquellas que históricamente han producido la resistencia más explosiva de la clase obrera en Venezuela y en toda América Latina.

La austeridad y las privatizaciones de la década de 1980 produjeron el Caracazo de 1989: un levantamiento obrero de masas que sacudió los cimientos del dominio burgués venezolano. Los movimientos de protesta que siguieron fueron traicionados y canalizados detrás de la elección de Hugo Chávez, cuyo programa nacionalista burgués demostró ser estructuralmente incapaz de romper con el imperialismo y terminó por entregar el país de vuelta a Wall Street.

Las luchas de masas de la clase obrera de hoy requieren una nueva dirección que asuma las lecciones extraídas por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional —la única tendencia que ha analizado de manera consistente las traiciones de la socialdemocracia, el estalinismo, el pablismo y el nacionalismo burgués a lo largo de la región, y que lucha por la unidad revolucionaria de la clase obrera en todas las Américas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de junio de 2026)