El anuncio de que más de 300 soldados estadounidenses llegan esta semana a Colombia para ejercicios militares conjuntos en la base de Tolemaida, a continuación de la conferencia de la 'Coalición de las Américas Contra los Carteles' (A3C) en Santo Domingo, marca una escalada decisiva en el impulso de la administración Trump por recolonizar América Latina. Lo que se presenta al mundo como una campaña contra el 'narcoterrorismo' es la construcción de un aparato militar hemisférico que integra a las fuerzas armadas de la región bajo mando estadounidense, orientado simultáneamente contra la clase trabajadora de las Américas y contra los rivales imperialistas de Washington, sobre todo China.

La A3C, lanzada en marzo de 2026 en la sede del Comando Sur de EEUU en Florida, reúne ahora a 19 naciones del hemisferio occidental. La conferencia de Santo Domingo, organizada por el Ministerio de Defensa dominicano y el Comando Sur de EEUU, fue convocada para 'operacionalizar' la coalición, aprobar un plan de campaña militar y una carta de gobernanza que definirá la organización, y coordinar operaciones conjuntas.

El comunicado oficial emitido por el gobierno dominicano y el Comando Sur de EEUU expresa el propósito de la coalición con helada claridad: 'Estos esfuerzos permitirán fortalecer el intercambio de inteligencia e información, ampliar la cooperación bilateral y multilateral y desarrollar operaciones combinadas orientadas a desarticular las redes criminales, proteger las fronteras e infraestructuras críticas y preservar la seguridad colectiva'.

Este es el lenguaje de un nuevo Plan Cóndor. Como señaló el World Socialist Web Site en su análisis de la cumbre de marzo, la reunión del Escudo de las Américas remitía directamente a la 'Primera Reunión Interamericana de Inteligencia Nacional' celebrada en Santiago de Chile en noviembre de 1975, bajo la dictadura de Pinochet, que estableció la red integrada de represión estatal asesina y conspiración golpista conocida como Operación Cóndor. La diferencia es que la reunión de Pinochet se realizó en secreto. La de Trump se lleva a cabo abiertamente, con la plena participación de los gobiernos de la región.

Las 19 naciones enroladas en esta coalición son, con pocas excepciones, regímenes ultraderechistas y fascistas ideológicamente alineados con Trump. Además de EEUU, el pacto incluye a Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica, Perú y, más recientemente, Colombia, tras la victoria electoral en agosto del presidente de extrema derecha Abelardo de la Espriella. Son los herederos políticos de las dictaduras militares de los años 70, de regreso en el poder en toda la región.

El lenguaje fascista del Pentágono

El discurso principal en Santo Domingo lo pronunció Eric Geressy, quien fue primer sargento de compañía del secretario de Guerra Pete Hegseth en la guerra ilegal de agresión contra Irak y es hoy su asesor principal de estrategia.

Geressy dejó al descubierto el carácter fascista de esta empresa. 'Esta coalición no gestiona amenazas. Las eliminamos,' declaró Geressy. 'Miro alrededor de esta mesa y no veo un comité político. Veo un consejo combinado de combate'.

El discurso de Geressy fue un ataque sostenido al concepto mismo de legalidad. Los cárteles, proclamó, son 'el Al-Qaeda y el ISIS del hemisferio occidental'—la misma formulación que Trump ha usado para justificar el asesinato de pescadores en el Caribe y el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Habiendo 'perdido la paridad en el campo de batalla físico,' afirmó Geressy, los cárteles han abierto 'una línea de esfuerzo asimétrica: lawfare'—que definió como 'el armamentismo calculado de los sistemas legales para lograr efectos cinéticos y operacionales'.

El blanco de esta diatriba no son los cárteles sino la ley misma. Geressy denunció 'peticiones espurias de derechos humanos,' 'redes jurídicas transnacionales corruptas' y la Corte Penal Internacional (CPI), a la que llamó 'un instrumento extrajudicial ilegítimo que amenaza la defensa soberana'. Anunció que EE.UU. y sus socios desplegarían 'protecciones bilaterales a prueba de balas, incluidos acuerdos integrales sobre el estatuto de las fuerzas y pactos de no entrega del artículo 98,' y exigió el 'rechazo institucional del Estatuto de Roma,' que creó la CPI.

Este es el programa de la administración Trump en su esencia: la obliteración de los derechos democráticos, el debido proceso y cualquier mecanismo de rendición de cuentas, en Estados Unidos y en todo el hemisferio. La llamada guerra jurídica que Geressy denuncia no es otra cosa que el intento de hacer responsables a las fuerzas militares estadounidenses y sus aliados por quienes ya han sido asesinados—las más de 220 ejecuciones extrajudiciales en el Caribe por fuerzas estadounidenses desde septiembre de 2025—y por cualquier crimen futuro. El cuerpo de oficiales fascistas reunido en Santo Domingo exige inmunidad para el asesinato en masa.

Las tropas llegan a Colombia

El despliegue de 300 soldados estadounidenses en Colombia es la expresión concreta de este programa. El ejercicio, Southern Vanguard 2027, se extenderá del 30 de octubre al 11 de noviembre en la base militar de Tolemaida en Nilo, Cundinamarca, reuniendo a la infantería de montaña del Ejército de Estados Unidos con el Batallón Antinarcóticos N.º 1 de Colombia. El entrenamiento se centrará en interdicción marítima, operaciones de seguridad terrestre, ciberdefensa y respuestas a ataques con drones.

El despliegue sigue en un mes a una reunión entre el general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, y el ministro de Defensa colombiano Jorge Mora, y apenas una semana después de que el primer contingente de una unidad de 600 soldados de la 10.ª División de Montaña llegara para entrenarse en la jungla panameña. Se esperan ejercicios conjuntos entre fuerzas estadounidenses y el ejército hondureño en los próximos días. El País informó en septiembre pasado que Donovan había visitado Colombia para discutir vigilancia marítima, intercambio de inteligencia y operaciones a lo largo de la frontera ecuatoriana.

No se trata meramente de un ejercicio de entrenamiento, sino de la integración de las fuerzas armadas colombianas a la maquinaria de guerra estadounidense. Colombia ha sido, durante décadas, el mayor receptor individual de entrenamiento y ayuda militar de Estados Unidos en toda América Latina, con más de 10.000 egresados de la Escuela de las Américas/WHINSEC, más de 13.000 millones de dólares en asistencia desde el Plan Colombia y una designación de Aliado Principal No OTAN concedida en 2022. El ejército colombiano fue construido en medida significativa por Estados Unidos a imagen y semejanza de Washington. El escándalo de los 'falsos positivos'—en el que soldados ejecutaron a miles de civiles y los vistieron como guerrilleros para cumplir cuotas de bajas—fue el producto de un ejército moldeado, financiado y entrenado por Washington, con una correlación documentada entre la ayuda militar estadounidense y la incidencia de ejecuciones extrajudiciales.

La elección de Tolemaida en sí misma es una obscenidad. Fue en esta base y sus alrededores donde soldados y contratistas estadounidenses abusaron sexualmente de niños entre 2003 y 2007, protegidos por acuerdos bilaterales de inmunidad que nunca han sido derogados. Ningún soldado ni contratista estadounidense ha sido jamás procesado en Colombia por ningún delito.

El régimen comprador en Bogotá

La llegada de tropas estadounidenses es fundamental para la agenda contrarrevolucionaria del presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo en agosto. Su gobierno está integrado por oficiales militares retirados y en servicio activo, incluida la reincorporación de generales dados de baja bajo su predecesor Gustavo Petro, y ha desplegado el término 'narcoterrorista' tanto contra grupos criminales como contra sus adversarios políticos.

Su gobierno ha autorizado operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Colombia, una decisión cuya legalidad constitucional es impugnada, dado que el tránsito y la operación de tropas extranjeras en suelo colombiano requieren aprobación del Congreso. Fue este mismo problema constitucional el que hundió un acuerdo de bases alcanzado con el Pentágono bajo el presidente de derecha Álvaro Uribe en 2010.

La acomodación al imperialismo estadounidense bajo De la Espriella fue preparada por el gobierno de la 'Marea Rosa' que lo precedió. La llegada de tropas estadounidenses no tiene nada de inédita. El Southern Vanguard 23 se realizó en Tolemaida en noviembre de 2022, tres meses después del inicio del mandato de Petro.

Petro, el primer presidente colombiano proveniente de la izquierda nominal, terminó su mandato habiendo aprobado un programa de modernización militar de 3.540 millones de dólares, el mayor en la historia del país. En enero de 2026, tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, Petro acordó con Trump 'acciones conjuntas' contra el ELN, y semanas después ordenó el primer bombardeo de campamentos del ELN bajo su gobierno.

Colombia destinó el mayor porcentaje del gasto público a sus fuerzas armadas en las Américas. Al igual que Lula en Brasil, Sheinbaum en México y los demás representantes de la quebrada Marea Rosa, Petro se acomodó a Washington, autorizando operaciones conjuntas con EEUU y Ecuador antes de dejar el cargo. La alternativa 'nacionalista' de la pseudoizquierda al fascismo fue siempre una ilusión: los gobiernos de la Marea Rosa prepararon el terreno para los fascistas que ahora gobiernan en su lugar.

La fraudulenta guerra contra el narcotráfico

Toda la estrategia estadounidense en América Latina descansa sobre una gran mentira. La 'guerra contra el narcoterrorismo' es un pretexto, y uno particularmente cínico. El complejo militar-de inteligencia americana ha financiado, entrenado y armado a las mismas fuerzas que hoy participan en el tráfico de narcóticos. Los propios documentos de la CIA han vinculado a jefes del ejército colombiano con paramilitares de derecha clasificados por Washington como terroristas y con narcotraficantes. Las anteriores dictaduras de la región, y sus herederos en los actuales gobiernos de derecha, están íntimamente vinculados al narcotráfico, que históricamente ha fluido a través de las mismas estructuras estatales y paramilitares que Washington cultivó como instrumentos de contrainsurgencia.

La importancia de Colombia para Washington no radica en su cocaína sino en su posición geoestratégica: un país con costas tanto en el Atlántico como en el Pacífico, limítrofe con Venezuela, que domina el acceso a los Andes y la Amazonía. Es el pivote del impulso de Washington por dominar los recursos del hemisferio—litio, cobre, petróleo, tierras raras—y por contrarrestar la influencia china. Los miles de millones vertidos en Colombia a lo largo de ocho décadas no han servido al pueblo colombiano, sino a los intereses del imperialismo estadounidense y sus clientes burgueses compradores.

Colombia es un país que ha sufrido tanto como el resto de América Latina por la intervención imperialista estadounidense, desde el bombardeo de Marquetalia en 1964, que dio origen a las FARC, pasando por el Plan Colombia y los falsos positivos, hasta el despliegue actual.

La respuesta a este renovado asalto es la unidad internacional de la clase trabajadora de las Américas—colombiana, estadounidense y de todo el hemisferio—contra su enemigo común. La misma oligarquía capitalista que busca el dominio neocolonial sobre América Latina está aboliendo los derechos sociales y democráticos de los trabajadores en el propio Estados Unidos. La lucha contra el nuevo Plan Cóndor es inseparable de la lucha por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés 02 de noviembre de 2026)