El Gobierno derechista del Partido Nacionalista de Bangladés (BNP), encabezado por el primer ministro Tarique Rahman, recurrió a violencia policial para reprimir las huelgas y protestas de decenas de miles de trabajadores de las fábricas de confección de Bangladés a principios de este mes. La burocracia sindical se alineó efectivamente con el Gobierno y llamó a los trabajadores a dejar de protestar.

Según los informes, las protestas espontáneas comenzaron el 31 de octubre y continuaron hasta el 5 de noviembre. Aunque surgieron de una larga lucha por los salarios, el detonante inmediato fue el incumplimiento por parte del Gobierno de su promesa anterior de establecer en octubre una nueva Junta de Salario Mínimo (MWB, por sus siglas en inglés) para la industria de la confección. Los trabajadores de la confección de varias zonas industriales de Daca y Gazipur salieron a las calles para exigir un aumento del salario mínimo mensual, de los actuales 12.500 takas (100 dólares estadounidenses) a 30.000 takas (240 dólares).

Estos salarios de pobreza ponen de manifiesto la brutal explotación en la industria de la confección. En 2025, una familia de cuatro personas necesitaba aproximadamente entre 45.000 y 50.000 takas al mes tan solo para cubrir los gastos esenciales.

En declaraciones al Daily Star el 2 de noviembre, Mohsina Begum, una trabajadora de 45 años de una fábrica de confección, explicó: “Salgo de casa a las 7:30 de la mañana y regreso después de las 8:00 de la noche. Incluyendo las horas extras, gano alrededor de 18.000 a 20.000 takas al mes. De esa cantidad, 8.000 takas se van directamente al alquiler de la vivienda. Es imposible llegar a fin de mes con las 10.000 a 12.000 takas restantes”.

Los trabajadores también exigieron que se pusiera fin a las listas negras que los propietarios elaboran conjuntamente contra los trabajadores experimentados, la reincorporación de los despedidos, condiciones laborales seguras y el fin de los despidos arbitrarios.

Las protestas se extendieron por cinco zonas industriales —Mirpur, Gazipur-Kaliakair, Savar-Ashulia, Narayanganj y Mymensingh— y bloquearon carreteras y autopistas. Miles de policías y efectivos de la Guardia Fronteriza de Bangladés utilizaron gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y porras, hiriendo al menos a 50 trabajadores.

Temiendo que las luchas obreras se extendieran, el 1 de noviembre los empleadores declararon días festivos en 529 fábricas. Para el 2 de noviembre, unas 690 habían suspendido la producción, lo que afectó a más de 1,7 millones de trabajadores, según la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Vestir de Bangladés.

Según el Hindustan Times del 4 de noviembre, activistas del BNP armados con palos de bambú salieron a las calles para “mantener el orden y resistir a los infiltrados”. El BNP había alegado anteriormente, sin presentar ninguna prueba, que activistas de la Liga Awami, ahora disuelta, del derrocado primer ministro Sheikh Hasina se habían infiltrado en las protestas de los trabajadores.

Según un trabajador, matones “contratados por una fábrica” atacaron brutalmente a los manifestantes en Gazipur el 2 de noviembre e hirieron de gravedad al trabajador Toufiq Sheikh, de 21 años, mientras filmaba la agresión. Toufiq, único sostén económico de su familia, murió a causa de las heridas al día siguiente. Las autoridades justificaron la violencia culpando a los manifestantes de actos de vandalismo, acusación que los trabajadores rechazaron.

El 3 de noviembre, la policía detuvo a tres dirigentes sindicales en Ashulia por supuestamente incitar a los trabajadores; afirmó que se tomarían medidas “en virtud de artículos específicos” de la ley, sin identificarlos.

Mientras el Gobierno desataba la violencia contra los trabajadores, las burocracias sindicales, en particular las afiliadas al Partido Comunista de Bangladés (CPB), de orientación estalinista, se distanciaron de las protestas. Aunque hicieron afirmaciones fraudulentas sobre su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores, el secretario del Centro Sindical de Trabajadores de la Confección (GWTUC), controlado por el CPB, Sakekur Rahman Shamim, dijo que los sindicatos no encabezaban el movimiento.

Después de que las fuerzas gubernamentales reprimieran las protestas, el presidente del GWTUC, Montu Ghosh, afirmó cínicamente: “La reivindicación de los trabajadores de salarios justos no es un delito”, y pidió una “investigación imparcial” sobre los ataques contra los manifestantes y que los responsables rindieran “cuentas”. No culpó al Gobierno, encubriendo así su responsabilidad.

Los estalinistas y otros burócratas sindicales quedaron desconcertados por las huelgas de trabajadores que se desarrollaron fuera de su control, una clara señal de la creciente desconfianza hacia los sindicatos establecidos.

MA Shaheen, presidente del Centro Sindical de Trabajadores de Prendas de Vestir y Suéteres de Bangladés, también distanció a su sindicato de las protestas. Según bdnews24.com, Shaheen “dijo que los trabajadores salieron repentinamente después del almuerzo, sin coordinación ni instrucciones, y les instó a dar tiempo a la junta salarial”. El secretario general del Consejo de Bangladés de IndustriALL, Salauddin Swapan, dijo que era demasiado pronto para protestar y que una nueva estructura salarial podría entrar en vigor en enero.

El 1 de noviembre, segundo día de las protestas, el Gobierno del BNP anunció la creación de una Junta de Salario Mínimo (MWB) de seis miembros en un intento desesperado por aplacar la ira de los trabajadores. Reuters informó que el 4 de noviembre la MWB acordó aplicar una nueva estructura salarial a partir de diciembre, y que los trabajadores recibirían su primer pago conforme a la nueva escala en enero. Sin embargo, la MWB no indicó de cuánto sería el aumento.

El Gobierno del BNP nombró para la MWB a dos funcionarios sindicales: Babul Akhter, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria y la Confección de Bangladés (BGISF), y Anwar Hossain, presidente del Dal Sramik Jatiyatabadi de Bangladés (BJSD), afiliado al BNP gobernante. Estos dirigentes sindicales progubernamentales servirán a los intereses de las empresas fabricantes de prendas de vestir, no a los de los trabajadores.

La BGISF, miembro del Consejo Industrial de Bangladés (IBC), tiene un notorio historial de intentar contener las luchas de los trabajadores. El 2 de noviembre, Akhter pidió a los trabajadores que pusieran fin a sus manifestaciones: “Por favor, regresen a sus fábricas y reanuden el trabajo. Lucharemos por sus salarios justos. Si es necesario, los convocaremos a participar en protestas”.

En enero de 2019, cuando los trabajadores de Ashulia protestaron contra un aumento salarial insuficiente establecido por un comité nombrado por Hasina, Akhter lo defendió: “Tuvimos que aceptarlo porque la propuesta venía de nuestra primera ministra. ¿Cómo podíamos deshonrarla?”.

El otro funcionario nombrado por el Gobierno para la MWB, Hossain, pidió a los trabajadores que regresaran a sus fábricas, alegando que el movimiento en curso “no estaba ayudando a los trabajadores, sino socavando sus reivindicaciones legítimas”, informó Business Standard el 2 de noviembre.

Los sindicatos dirigidos por estalinistas, el BJSD y la BGISF, han bloqueado repetidamente las luchas de los trabajadores de la confección. Ahora han acudido al rescate del Gobierno derechista del BNP, que llegó al poder en febrero de 2026 mediante unas elecciones fraudulentas celebradas después de que el Gobierno interino de Yunus prohibiera a la Liga Awami presentarse a los comicios. Las elecciones se celebraron en un ambiente de guerra, con unos 900.000 efectivos de seguridad desplegados.

En cuestión de semanas, el régimen del BNP abandonó sus promesas e impuso la austeridad del FMI y la carga de la crisis energética provocada por la guerra contra Irán sobre los trabajadores.

Mientras teme que las protestas de los trabajadores de la confección alienten a otros trabajadores mal remunerados, el Gobierno ha recurrido tanto a la policía como a los sindicatos para reprimirlas.

Los empleadores, por su parte, rechazan categóricamente la exigencia de los trabajadores de un salario mínimo de 30.000 takas. El 4 de noviembre, el presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Punto de Bangladés, Mohammad Hatem, sostuvo que el aumento socavaría la competitividad de las exportaciones y llevaría a los compradores extranjeros a otros lugares.

Los bajos salarios y el acceso libre de aranceles a mercados occidentales clave contribuyeron a impulsar el crecimiento de la industria de la confección de Bangladés, que genera más del 80 por ciento de los ingresos de exportación del país. El sector emplea a unos 4 millones de trabajadores y abastece a grandes marcas mundiales, entre ellas H&M, Inditex, propietaria de Zara, y Walmart. El Gobierno y los empleadores temen que el malestar obrero interrumpa los calendarios de producción durante la temporada alta de pedidos de exportación.

La crisis del empleo está agravando aún más las condiciones. Un informe del 15 de julio de 2026 de la organización de derechos humanos JusticeMakers Bangladesh en Francia concluyó que 20.783 trabajadores de 80 fábricas de confección perdieron sus empleos entre enero y junio de 2026. Entre agosto de 2024 y junio de 2026 cerraron 457 fábricas de prendas de vestir y textiles, dejando sin empleo a más de 240.000 trabajadores.

Las condiciones del FMI para un préstamo propuesto de entre 4.500 y 5.000 millones de dólares —un IVA más alto y mayores impuestos al combustible, menos exenciones fiscales y recortes a los subsidios energéticos— impondrán una carga aún mayor a los trabajadores y los pobres.

La lucha de los trabajadores de la confección debe desarrollarse mediante la construcción de nuevas organizaciones obreras: deben establecerse comités de base en todas las fábricas, independientes de la burocracia sindical, del Gobierno y de todos los partidos capitalistas. Estos comités deben vincular la lucha por salarios dignos y empleo seguro con las luchas de los docentes, los trabajadores de las plantaciones, del transporte, de la salud y de otros sectores de la clase trabajadora.

Los trabajadores de Bangladés se enfrentan a la misma crisis capitalista mundial que está impulsando a los trabajadores y jóvenes a luchar internacionalmente, desde Francia y Alemania hasta India, México y Estados Unidos. Los trabajadores de todos los países deben unirse construyendo la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) contra las corporaciones multinacionales y las potencias imperialistas que intensifican la explotación y empujan al mundo hacia la barbarie.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 09/11/2026)