Con las 1.390 nuevas muertes registradas el miércoles, Brasil superó el hito de las 250.000 muertes por COVID-19, un día después de alcanzar los 10 millones de infecciones. Esta abominable cifra representa el 10 por ciento de todas las muertes por coronavirus en el planeta, en un país que ni siquiera constituye el 3 por ciento de la población mundial.

Esta semana también se cumple un año desde la confirmación del primer caso de COVID-19 en Brasil, el 26 de febrero de 2020. Después de este largo período de sufrimiento y penuria impuesto a las masas trabajadoras brasileñas, la pandemia permanece totalmente fuera de control. Miles de vidas que se siguen perdiendo todos los días y varias partes del país han sido empujadas al límite.

La región norte de Brasil en su conjunto ha sufrido un grave impacto en los últimos meses. Amazonas, cuya capital Manaos sufrió un colapso del sistema de salud en enero, ya registró más muertes por COVID-19 en los primeros 54 días de este año que durante todo 2020. El número de ingresos hospitalarios en el estado sigue siendo alto, y cientos de pacientes en estado grave ocupan las camas de UCI. Esta semana, se dieron a conocer imágenes desgarradoras de un hospital en la ciudad de Parintins donde los pacientes intubados están siendo atados a sus camillas por falta de sedantes suficientes.

El vecino estado de Acre declaró el lunes un estado de calamidad pública. El estado enfrenta la catastrófica combinación de la pandemia de COVID-19, un brote de dengue e inundaciones que ya han afectado a 130.000 personas en 10 de los municipios del estado, incluida la capital. Los hospitales están al borde del colapso y el martes se registró un récord de 621 nuevos casos. El gobernador de derecha, Gladson Cameli del Partido Progresista (PP), dijo que solo tiene recursos suficientes para los próximos tres meses y comparó la situación con una “tercera guerra mundial”.Es muy probable que la variante P.1 de COVID-19, que es más transmisible y fue originalmente descubierta en Manaos, esté circulando en Acre, que recibió pacientes después del colapso de los hospitales en el estado vecino. El Ministerio de Salud de Brasil declaró el martes que ya se han reportado casos de esta nueva variante en 17 estados de las cinco regiones del país.

En la región sureste, el Gobierno de São Paulo del gobernador João Doria, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), ha decretado un llamado “toque de queda restrictivo” supuestamente para limitar la circulación de personas entre las 11 p.m. y las 5 a.m., que entrará en vigor el próximo viernes. El estado, que ha visto más de 58.000 muertes y casi 2 millones de casos confirmados, registró su mayor número de pacientes en UCI esta semana.

La situación es especialmente devastadora en los municipios del interior de São Paulo. El domingo pasado, Araraquara declaró un confinamiento, lo cual fue reproducido en municipios más pequeños de la región. Con la transmisión comunitaria de la variante P.1 del COVID-19, la ciudad alcanzó la máxima capacidad en sus hospitales el martes pasado. Otras ciudades como Campinas, con más de un millón de habitantes, también han alcanzado la capacidad máxima de sus camas de UCI, y las ciudades de la región industrial ABC se acercan al mismo nivel.

Las brutales condiciones que enfrentan los hospitales amazónicos se están recreando en São Paulo. Así lo subrayó esta semana la renuncia de 15 de los 24 médicos residentes del Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso, en Guarulhos, en el área metropolitana del Gran São Paulo, en protesta por la falta de medicamentos y las precarias condiciones de la unidad médica. Según uno de los médicos entrevistado por el diario A gora, “la situación realmente empeoró a finales del año pasado y principios de este año, porque no había forma de reponer los medicamentos, que escaseaban”.

El mismo médico informa que, al igual que en el hospital de Parintins, faltan sedantes para los pacientes entubados: “Esto no les permite relajarse, lo que impide que los equipos [ventiladores] funcionen eficazmente. Fui testigo de la muerte de un paciente [de COVID-19] por morder la manguera [que lleva el oxígeno a los pulmones], porque la entubación no funcionaba, por el hecho de que estaba consciente”.

La región noreste de Brasil ha tenido el mayor aumento de infecciones en la última semana, un 26 por ciento. El estado de Ceará, gobernado por Camilo Santana del Partido de los Trabajadores (PT), prácticamente ha llenado sus camas de UCI, y el número de casos y muertes va en aumento, especialmente en los municipios del campo. Bahía, el estado más grande de la región, gobernado por Rui Costa también del PT, registró este martes el mayor número de ingresos en UCI por quinto día consecutivo.

La situación es igualmente crítica en la región sur de Brasil, con sus tres estados registrando una tasa de ocupación hospitalaria cercana o superior al 90 por ciento. El viernes pasado, el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite del PSDB, declaró la suspensión de actividades en lugares públicos entre las 10 p.m. y las 5 a.m., al igual que su copartidario en São Paulo. El estado también tiene una tasa récord de ocupación de camas de UCI.

Ante esta catástrofe, el presidente fascistizante de Brasil, Jair Bolsonaro, mantiene su política de “guerra contra los cierres”, declarada en estos términos precisamente en mayo del año pasado. En un acto oficial el 28 de enero, Bolsonaro pronunció un discurso frenético: “La política de cerrar todo no funcionó. El pueblo brasileño es fuerte, el pueblo brasileño no teme al peligro. Sabemos quiénes son los vulnerables, los ancianos y los que padecen comorbilidades. ¡El resto tiene que trabajar!”. Este martes volvió a decir lo mismo: “Los cierres no resolvieron nada el año pasado, ¿lo resolverán este año? Ahora, ¿cómo se verá la economía?”.

Hablando en nombre de la clase dominante brasileña, este aspirante a Mussolini busca someter a la clase trabajadora a muertes en lugares de trabajo infectados para maximizar las ganancias capitalistas. Todos los partidos del sistema político brasileño se han alineado con esta política criminal.

Buscando eximirse a sí mismos y a sus aliados de la responsabilidad de la catástrofe pandémica, el periódico tradicional de la burguesía, O Estado de São Paulo, declaró en su editorial del miércoles: “No se llega a un estado de calamidad como este sin una sucesión increíble de errores. La situación de Brasil es la peor posible. A este resultado contribuyeron la negligencia e incompetencia del presidente Jair Bolsonaro y su ministro de Salud, Eduardo Pazuello, la propagación descontrolada de una nueva cepa de coronavirus identificada en Manaos, la variante P.1, potencialmente más contagiosa, y el comportamiento descuidado de muchos ciudadanos que, siguiendo el mal ejemplo del presidente Bolsonaro, insisten en desconocer las medidas de protección recomendadas por las autoridades sanitarias”.

La respuesta de Bolsonaro y el Gobierno brasileño a la pandemia no fue una “sucesión de errores”, sino una política consciente de asesinato social. La aparición de la variante del coronavirus identificada en Manaos, presentado por O Estado de São Paulo como una desgracia, es la prueba más contundente de las devastadoras consecuencias de la nefasta política de “inmunidad colectiva” adoptada por la clase dominante.

En el mismo espíritu anticientífico, este periódico sostiene que la reanudación de las clases presenciales es absolutamente segura, y ha atacado con saña a los docentes de São Paulo que se oponen militantemente a la reapertura de las aulas en medio de tal “estado de calamidad”.

O Estado de São Paulo acusó a los educadores de “negarles a las nuevas generaciones la formación básica que necesitan para emanciparse social, cultural y profesionalmente. Y moralmente”. Continuó: “En un período de enormes dificultades como el actual, al negarse a aceptar su parte de los sacrificios y recurrir a huelgas para imposibilitar el inicio del año escolar, los maestros pierden la oportunidad de darles una lección sobre cortesía a sus estudiantes y la sociedad en general”.

No existe una diferencia esencial entre esta grotesca exigencia de que los maestros “acepten su parte de los sacrificios” y el discurso fascistizante de vuelta al trabajo de Bolsonaro. El Estadão no es más que un portavoz del Gobierno del PSDB en São Paulo, que ahora ha promulgado una farsa de confinamiento para combatir el supuesto “comportamiento descuidado de muchos ciudadanos”, sin retroceder ni un centímetro en su reapertura criminal de las escuelas, que pondrá a más del 30 por ciento de la población del estado, entre educadores y estudiantes, en las calles y en aulas cerradas.

Un hecho notable esta semana fue la salida del reconocido científico brasileño Miguel Nicolelis del comité científico del Consorcio Nordeste. Nicolelis había asumido la dirección de este comité a principios de 2020 con la perspectiva de contribuir a una política basada en la ciencia para combatir la pandemia. El investigador viene advirtiendo de la necesidad de una política real de distanciamiento social. “O el país entra en un confinamiento nacional de inmediato, o no podremos encargarnos de enterrar a nuestros muertos en 2021”, tuiteó en enero.

Como informó Folha de São Paulo, “personas cercanas a él dicen que la decisión se debe al descontento de Nicolelis con el fracaso de los Gobiernos en adoptar las directrices indicadas por los científicos del comité”. El periódico también informó que uno de los participantes del comité manifestó que su opinión “es que los gobernadores no están actuando de manera tan diferente al Gobierno federal”.

Las mismas fuerzas políticas detrás del Consorcio Nordeste, el PT y sus aliados en la llamada oposición a Bolsonaro, como el maoísta Partido Comunista de Brasil (PCdoB), también están detrás de los sindicatos reaccionarios brasileños que están intentando romper las huelgas docentes en São Paulo y en todo Brasil y evitar su unificación con diferentes sectores de la clase obrera para promover una huelga general que detenga toda la producción no esencial y controle la pandemia.

Estos intereses fueron claramente expresados por el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos ABC (SMABC), cuna política del PT y uno de los principales sindicatos brasileños, que no respondió al absurdo “toque de queda restrictivo” del Gobierno del PSDB en São Bernardo do Campo exigiendo una política real de distanciamiento social que cierre las fábricas y los otros lugares de trabajo, ¡sino sugiriendo que el Gobierno flexibilice las medidas para permitir que los trabajadores lleguen a sus puestos de trabajo!

El presidente del sindicato, Wagner Santana, declaró: “São Bernardo no está aislada de las otras ciudades. Tenemos que pensar en el trabajador que dejará la empresa por la noche y no tendrá transporte. No aceptaremos que, después de una jornada laboral, el trabajador no tenga forma de regresar a casa y esté expuesto en la calle a los peligros de la madrugada”.

Estas son pruebas contundentes de que ninguna fuerza política conectada con el Estado capitalista, sin importar en qué tono de rojo trate de disfrazarse, ofrece una base genuina para detener efectivamente la propagación del virus. Solo la movilización política independiente de la clase trabajadora guiada por un programa socialista e internacionalista pondrá fin a la continua pesadilla de la pandemia de COVID-19.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 25 de febrero de 2021)