Un juez federal en Manhattan se negó el jueves a liberar a Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde su salud se ha deteriorado en los nueve meses de encarcelamiento. Esa misma mañana, los fiscales hicieron pública una nueva acusación formal que imputa a Flores, de 69 años, y a Maduro, de 63 años, por conspiración para cometer tortura. Si son declarados culpables, ambos se enfrentan a una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión, una cadena perpetua en todo menos en el nombre.

Flores fue capturada junto con su esposo el 3 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses asaltaron su casa de seguridad en la base militar Fuerte Tiuna, en Caracas. Su abogado, Mark Donnelly, ha informado al tribunal que sufrió “cicatrices permanentes causadas por sus captores”, con lesiones en el rostro, la frente y el abdomen. En la cárcel ha perdido más de 25 libras y dos molares. Padece prolapso de la válvula mitral, no ha recibido la inyección mensual para tratarlo desde su detención y los médicos han recomendado un cateterismo cardíaco. Cuando estalló una pelea en su unidad, los guardias dispararon gas pimienta, que le provocó opresión en el pecho.

El juez Alvin K. Hellerstein desestimó todo esto. “Por lo que valga, su aspecto hoy no es peor y quizá sea un poco mejor que cuando la vi por primera vez en su comparecencia inicial”, dijo. Donnelly respondió: “Todavía tenía vendajes por la invasión militar”.

El New York Times, el periódico de referencia del Partido Demócrata, lo presentó como un caso de “acusados adinerados” que intentan “usar su dinero para evitar el encarcelamiento en las problemáticas cárceles federales de Estados Unidos”. De manera absurda, equiparó a la esposa de un jefe de Estado y exfuncionaria secuestrada en una incursión militar junto a un abogado de Manhattan que estafó a inversores por 700 millones de dólares, y repitió sin comentarios la objeción de los fiscales de que el arresto domiciliario crearía “un sistema de fianzas de dos niveles”.

Flores fue una figura destacada del Estado chavista y ocupó los cargos de fiscal general y presidenta de la Asamblea Nacional. Pero el Times, una publicación oficiosa del Partido Demócrata, no tiene nada que decir sobre la ilegalidad de su captura y adopta la perspectiva de conquistador de la Casa Blanca de Trump.

La preocupación de los fiscales de Trump por la igualdad ante la justicia es un fraude. En diciembre pasado, Trump indultó al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en ese mismo tribunal de Manhattan por conspirar para inundar Estados Unidos de cocaína. El caso de narcoterrorismo contra Maduro siempre fue endeble y, en enero, el Departamento de Justicia retiró su afirmación de que el “Cártel de los Soles”, supuestamente dirigido por Maduro, fuera una organización real.

El cargo de tortura se añadió para dar a la acusación una apariencia de credibilidad. Procede de un Gobierno que administra Guantánamo y que, en marzo de 2025, envió a 238 migrantes venezolanos a la mazmorra de tortura de El Salvador conocida como CECOT. Durante dos décadas, ese mismo Gobierno financió intentos de golpe de Estado, planes de guerra civil e incursiones de mercenarios contra Caracas.

El trato que reciben Flores y Maduro tiene un propósito político definido. Al hablar en las Naciones Unidas el 22 de septiembre, Trump se jactó de la invasión y del acuerdo petrolero que la siguió, y declaró: “Al vencedor le corresponden los despojos. Todos han oído eso”.

El botín va a parar a Wall Street, y los compinches de Trump son los primeros en repartírselo. A los derrotados se los debe humillar y destruir como advertencia para cualquiera que sea considerado un obstáculo para la hegemonía estadounidense, como hicieron Washington e Israel al asesinar a los dirigentes de Hamás y Hezbolá y al intentar decapitar al Estado iraní.

La invasión de Venezuela, el secuestro, encarcelamiento y juicio espectáculo de Maduro y Flores constituyen crímenes contra el pueblo venezolano. Los trabajadores de Estados Unidos y de todo el mundo deben exigir su liberación, el fin de la dominación neocolonial de Washington y la retirada de todas las tropas, agentes políticos y representantes corporativos estadounidenses del país.

El Gobierno de Caracas no formulará tal exigencia. La noche del 22 de septiembre, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió con Trump en Manhattan, a poca distancia en automóvil de las celdas donde están recluidos Maduro y Flores. Calificó el encuentro de “histórico” y agradeció a Trump su apoyo. No pidió la liberación de los prisioneros.

Los fiscales estadounidenses han convertido este silencio en un arma jurídica. En un escrito presentado el 2 de octubre para oponerse al argumento de los acusados de que gozan de inmunidad como jefes de Estado, sostuvieron: “Si Venezuela hubiera querido plantear su postura de que los acusados tenían derecho a inmunidad en este caso, podría haberlo hecho”.

Por su parte, Trump está calculando las ganancias. A principios de septiembre, les dijo a legisladores republicanos que Estados Unidos ya había pagado por la guerra “unas 54 veces” con petróleo venezolano.

Protestas contra Rodríguez y la ocupación

El dinero, desde luego, no está llegando a los trabajadores venezolanos. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró cerca de 4.200 protestas este año hasta septiembre, más de 650 de ellas solo en agosto. El salario mínimo mensual permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes a unos pocos centavos de dólar al tipo de cambio oficial. El Gobierno de Rodríguez, al igual que el de Maduro antes, paga a los trabajadores bonificaciones discrecionales y miserables que no cuentan para las pensiones ni las indemnizaciones por despido.

Desde los terremotos del 24 de junio, que causaron al menos 6.509 muertes y daños por valor de 14.800 millones de dólares, la red eléctrica ha sufrido fallas. Los apagones llegan ahora a 16 horas al día. El 30 de septiembre y el 1 de octubre, residentes de Carabobo, Zulia, Aragua, Portuguesa, Sucre y Falcón bloquearon carreteras y quemaron neumáticos; en Guacara, cerraron la autopista Centro-Regional que conecta Caracas con el oeste. En Carabobo, los manifestantes derribaron la verja de la empresa eléctrica estatal Corpoelec. El Gobierno respondió desplegando tropas de la Guardia Nacional en las oficinas de Corpoelec y avanzando con una ley que abre la generación eléctrica al capital privado y extranjero y eleva las tarifas hasta los “costos reales” para garantizar rendimientos a los inversores.

El 28 de septiembre, trabajadores universitarios protestaron en el puente sobre el lago de Maracaibo, donde la policía y las tropas les cerraron el paso. “Delcy, te vamos a sacar tarde o temprano, porque eres más de lo mismo”, dijo un manifestante.

La clase obrera ha demostrado estar dispuesta a luchar, pero la burocracia sindical hace todo lo posible por contenerla. Durante la huelga nacional de docentes del 10 de junio, los dirigentes sindicales les dijeron a los maestros que se quedaran en casa y en Caracas ni siquiera convocaron una concentración frente al Ministerio de Educación. El 24 de septiembre, cuando trabajadores y pensionados marcharon hacia el Ministerio del Trabajo, los organizadores permitieron que Juan Pablo Guanipa, del partido derechista Primero Justicia, subiera a la tribuna y proclamara: “Toda Venezuela exige elecciones ya”. Guanipa celebró los bombardeos estadounidenses del 3 de enero y en agosto exigió “seguridad jurídica” para los inversores privados en el marco del acuerdo petrolero.

El mismo aparato sindical que ahora se coloca al frente de las protestas ha apoyado a agentes patrocinados por Estados Unidos, entre ellos Juan Guaidó en 2019 y el candidato de María Corina Machado, Edmundo González, en 2024.

Los trabajadores no pueden permitir que su ira sea canalizada detrás de la oposición financiada por EE.UU. y su demanda de elecciones, que instalarían a otro grupo clientelar de Washington. El saqueo del petróleo y explotación laboral de Venezuela por las corporaciones y los bancos estadounidenses exige mantener a los trabajadores empobrecidos e impotentes, y obligarlos a aceptar condiciones equivalentes a la servidumbre colonial. Ninguna de las facciones del establecimiento político —incluidas la burocracia sindical, el aparato chavista y la oposición derechista— luchará por salarios dignos, empleos seguros, servicios públicos decentes o el fin del saqueo de los recursos del país. El chavismo, que afirmó estar construyendo el “socialismo del siglo XXI”, ha entregado Venezuela a Washington como un protectorado. Esa es la lección decisiva del nacionalismo burgués.

Pero los trabajadores venezolanos no están solos. Los aumentos de los precios del combustible han provocado protestas en toda América Latina, incluida una huelga general de 50 días en Bolivia, traicionada por la burocracia sindical, bloqueos de carreteras en Honduras y Guatemala y una huelga de camioneros en Estados Unidos. El 1 de octubre, más de 20.000 estudiantes y trabajadores marcharon en Chile contra los recortes a la educación, mientras los trabajadores de la salud y los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) rechazaron un aumento del 2,9 por ciento y rompieron los candados de la sede de su sindicato para exigir la renuncia del dirigente sindical Rafael Olivos. Cientos de miles de estudiantes, docentes y padres marcharon el martes contra el deterioro de las escuelas en Francia, mientras las manifestaciones masivas por la vivienda se han extendido a más de 50 ciudades de España.

Estas luchas se enfrentan a los mismos enemigos: las potencias imperialistas que saquean el mundo, los corruptos gobiernos capitalistas y los aparatos sindicales y sus socios en los partidos nominalmente “de izquierda” que bloquean estas luchas. El camino a seguir para los trabajadores venezolanos exige una nueva dirección política, independiente de la burocracia sindical y de todos los partidos burgueses, que vincule su lucha con la de los trabajadores de toda América y del mundo sobre la base de un programa socialista genuinamente revolucionario.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 09/10/2026)