Horas después de aterrizar en Miami el miércoles, tras huir de Brasil desafiando una orden de la Corte Suprema, Flávio Bolsonaro, el candidato fascistizante derrotado en la segunda vuelta presidencial del domingo, publicó una carta en la que se proclamaba “el verdadero presidente electo de Brasil”. Más tarde ese mismo día difundió una versión revisada en la que se presentaba como “el líder de Brasil”.
“Los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, declara la carta. Dirigiéndose a los senadores, diputados y gobernadores a cuya elección contribuyó, Bolsonaro escribió: “Dirigiré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr”.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), ganó por 4,4 millones de votos. La acusación de fraude se basa en una ampliación del horario de votación que había solicitado el propio Partido Liberal (PL) de Bolsonaro. Según el tribunal electoral, solo se emitieron unos 34.000 votos después de las 17:00. Tanto el PL como el compañero de fórmula de Bolsonaro han reconocido el resultado.
El Departamento de Estado anunció el martes que expediría visados a los Bolsonaro. Donald Trump, quien declaró que la votación “parecía otra elección amañada”, dijo que “aprobaría” su ingreso.
Lo que se está desarrollando es otro intento de golpe de Estado contra el Gobierno electo del segundo país más poblado del hemisferio, llevado a cabo abiertamente por Washington. Tras más de un año de guerra económica, Washington ahora acoge en su territorio a una dirección paralela que opera bajo protección estadounidense, a la vista de todo el mundo.
El año pasado, la Administración Trump ya había anunciado un arancel del 50 por ciento sobre “todos y cada uno de los productos brasileños”, impuesto con el objetivo de detener el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro por encabezar un intento de golpe fascista para anular la victoria de Lula en 2022.
A continuación llegaron sanciones contra el juez Alexandre de Moraes y la revocación de visados para jueces de la Corte Suprema. Este año, Washington designó a las dos mayores bandas criminales de Brasil como organizaciones terroristas, recibió a Flávio en la Casa Blanca en plena campaña electoral, revocó el visado del embajador brasileño y, en julio, impuso nuevos aranceles del 25 y del 12,5 por ciento.
Flávio Bolsonaro, hijo de Jair, denuncia en su carta una “caza de brujas” y “censura”, afirma que se persigue “incluso a ciudadanos estadounidenses” y elogia a Trump como “un gran defensor de la libertad de expresión”. La carta es un planteamiento de la siguiente etapa de la intervención.
La carta también revela lo que Bolsonaro pretendía hacer si llegaba al poder. Moraes, escribe, “muy probablemente estaría en prisión si no hubieran impedido mi investidura”. El sentido es claro: una presidencia de Bolsonaro habría encarcelado al juez de la Corte Suprema que supervisó el procesamiento de su padre.
Pide a sus aliados que elijan a Rogério Marinho como presidente del Senado, cargo que determina si se inician procedimientos de destitución contra jueces de la Corte Suprema.
Según escribe, el tribunal está “capturado por la organización criminal del PT”, preparando así el terreno para que Washington intensifique su operación de cambio de régimen y declare criminal o “narcoterrorista” a la Administración de Lula.
“Esto es solo el comienzo de nuestra lucha”, escribe Bolsonaro, haciendo un llamamiento a las “instituciones brasileñas” para “restablecer el equilibrio entre los Poderes”.
El llamamiento no es vago. Desde hace años, el bolsonarismo sostiene que el artículo 142 de la Constitución convierte a las Fuerzas Armadas en un “poder moderador” con derecho a intervenir cuando chocan las ramas del Gobierno. La Corte Suprema rechazó por unanimidad esa interpretación en 2024. El llamado a “restablecer el equilibrio entre los Poderes” está dirigido a los generales.
Tanto la fuga como el golpe siguen el guion de su padre. Jair Bolsonaro voló a Florida el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la investidura de Lula, mientras sus partidarios acampaban frente al cuartel general del Ejército y exigían una intervención militar. El 8 de enero, irrumpieron en las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia.
Su condena, junto con las de altos generales y un almirante, castigó a ciertos individuos, pero preservó a las Fuerzas Armadas como institución. Como advirtió en octubre el Grupo Socialista por la Igualdad: “En una república donde los militares se han arrogado el papel de árbitro desde su fundación, la intervención militar sigue siendo una opción sobre la mesa para la clase dominante”.
El golpe de 1964 se llevó a cabo de esta manera, con el respaldo de Washington. En una reunión grabada en el Despacho Oval en 1962 con el presidente John F. Kennedy, el asesor Richard Goodwin dijo: “Es muy posible que queramos que ellos [los militares brasileños] tomen el poder a finales de año, si pueden”. En 1964, la Administración Johnson preparó la Operación Brother Sam para respaldar a los generales que derrocaron al presidente João Goulart. Lo que entonces se preparó en secreto a través de la CIA se lleva a cabo ahora abiertamente desde la Casa Blanca.
Bolsonaro se compara con Charles de Gaulle, quien “dirigió a la Francia Libre desde Londres, condenado a muerte por el régimen de Vichy, y regresó para liberar a su país”. Cabe recordar que De Gaulle regresó detrás de los ejércitos aliados.
También invoca a José Martí, quien organizó desde Nueva York la lucha por la independencia de Cuba. Sin embargo, en vísperas de su muerte en 1895, Martí escribió que su tarea era “impedir a tiempo, mediante la independencia de Cuba, que Estados Unidos se extendiera por las Antillas y cayera, con esa fuerza añadida, sobre nuestras tierras de América”. Añadió: “Viví en el monstruo y conozco sus entrañas”.
Sus héroes venezolanos son más precisos. Bolsonaro cita a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de 2019, que sirvió de cobertura para las sanciones y los intentos de golpe de Estados Unidos, aunque nunca se postuló a la presidencia. La carta también menciona al candidato opositor de derecha Edmundo González y a la agente de la CIA María Corina Machado.
Cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, Trump descartó a Machado, diciendo que carecía de “apoyo dentro del país o respeto en el país”, y trató en cambio con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez. Machado regresó el domingo pasado, con la aprobación de Washington, a lo que se ha convertido en un protectorado estadounidense.
Pero Brasil no es Venezuela, y los acontecimientos no seguirán la misma trama. Bolsonaro recibió 59,8 millones de votos y su partido tiene el bloque más grande del Congreso. Una dirección en el exilio proporciona a esta camarilla fascista un centro de mando fuera del alcance de los tribunales brasileños y entrega a Washington un instrumento de desestabilización contra la mayor economía de América Latina.
La propia fuga fue coordinada internacionalmente. El domingo por la noche, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, que supervisa una investigación sobre lavado de dinero y evasión de divisas en la que Flávio está profundamente implicado, anuló sus pasaportes brasileños, le ordenó entregar cualquier documento de viaje extranjero en un plazo de 24 horas y le prohibió salir de Brasil. El lunes, Bolsonaro calificó la orden de “intento claro de intimidarme” y declaró: “Nunca pensé en abandonar el país. Entregaré mis pasaportes”.
En cuestión de horas, el avión que lo sacaría del país estaba estacionado en Puerto Iguazú, en el lado argentino de la frontera. El martes venció el plazo y las autoridades brasileñas advirtieron al Gobierno de Javier Milei que Bolsonaro podría intentar cruzar la frontera.
A las 22:50, Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas cruzaron de Foz do Iguaçu a Argentina. Cuarenta minutos después abordaron un avión privado Gulfstream G400 con un plan de vuelo hacia Guayaquil, Ecuador, donde hizo escala antes de continuar a Miami. CBS News Miami informó que entró en Estados Unidos con un pasaporte italiano.
Según el diario uruguayo El Observador, el presidente argentino Javier Milei “conocía los detalles de la operación”. Bolsonaro le agradeció en la carta “su valentía, sentido de la justicia y legalidad”.
El avión pertenece a Baires Fly. La fiscalía han señalado a la empresa y a su gerente, Sergio Mastropietro, antiguo socio del blanqueador de dinero condenado y presunto narcotraficante Federico “Fred” Machado, como los “jefes del lavado” en un escándalo de sobornos que envuelve al Gobierno de Milei.
El propio Bolsonaro está siendo investigado por lavado de dinero, y otra investigación examina los vínculos de su campaña con Rockbridge Network, una red de donantes cofundada por el vicepresidente estadounidense JD Vance.
Esa misma noche, un ataque estadounidense contra una embarcación en el Pacífico oriental mató a otras cinco personas acusadas sin pruebas de “narcotráfico”, elevando el saldo a por lo menos 243. Washington hace estallar pequeñas embarcaciones en nombre de la lucha contra el “narcoterrorismo”, mientras da refugio a fuerzas criminales vinculadas al narcotráfico y fascistas en las que se apoya para subordinar a América Latina. Este es el “Escudo de las Américas”, la coalición de Trump con Milei y otros Gobiernos de derecha, en acción.
La respuesta de los demócratas los hace cómplices. Al momento de redactar este artículo, sus líderes en el Congreso, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, no han dicho nada sobre la acogida a Bolsonaro ni sobre el gobierno paralelo que se está tramando desde suelo estadounidense, y ningún demócrata ha exigido que se revoque el visado de Bolsonaro.
La Administración Biden también permitió que Jair Bolsonaro permaneciera en Florida hasta finales de marzo de 2023.
La respuesta del propio Gobierno de Lula es pusilánime. Lula calificó la fuga de “vergonzosa” y dijo que la primera patria de los Bolsonaro era “lamer las botas de Estados Unidos”. Pero sus ministros han culpado a Moraes de convertir a Bolsonaro “de criminal en perseguido”. El Ministerio de Relaciones Exteriores trata como un en “la esfera judicial” que constituye un acto de agresión extranjera. No se ha presentado ninguna protesta ante Washington.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 29/10/2026)
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